Media sanción en el Senado para la reforma del Ministerio Público Fiscal

El oficialismo aprobó en el Senado y giró a Diputados el proyecto de reforma del Ministerio Público que flexibiliza la designación del procurador General de la Nación y reconoció que buscará remover al jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal.

La iniciativa impulsada por el Frente de Todos fue aprobada con 42 votos a favor y 27 en contra por parte de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que consideraron que la reforma permitirá reemplazar al procurador interino con el voto de la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso y le dará «mayor control al oficialismo de turno».

La bancada oficialista justificó la baja de la mayoría para elegir al procurador con la eliminación del mandato vitalicio que rige actualmente, aseguró que la situación de la Procuración es «irregular» y afirmó que «no se trata de Rafecas sí o Rafecas no, se trata de Casal sí o Casal no».

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia y defensor inicial del proyecto, Oscar Parrilli, quien además destacó del proyecto el reemplazo del mandato vitalicio del procurador por «un plazo de cinco años, reelegible por un período más», y que «no puede ser designado cuando hay elección presidencial».

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó artículos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck.

Puntos sobresalientes 

La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente, mientras que la remoción sigue requiriendo de los dos tercios.

El texto que fue girado a la Cámara de Diputados elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.

También otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso, que encabeza el oficialista Martín Doñate, la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador general, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.

El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.

Durante el debate del Senado, la bancada del Frente de Todos anunció una serie de cambios sobre el dictamen original de la Comisión de Justicia, de los cuales uno de los más importantes se refiere a los casos de vacancia en la Procuración General.

La iniciativa aprobada establece que en esos casos asumirá el cargo el o la «fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo» elegido por la Comisión Bicameral, lo que fue muy cuestionado por la oposición.

También se agregó que en el tribunal de enjuiciamiento, el vocal representante de los abogados de la matrícula federal deberá «cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser procurador» y ser designado por sorteo público, al igual que el representante de los fiscales.