A 16 años de la tragedia de Cromañón, familiares de víctimas piden la expropiación de boliche

Familiares, amigos y sobrevivientes del incendio del boliche Cromañón realizarán este miércoles, al cumplirse 16 años de la tragedia, una serie de actividades de manera presencial y virtual y una marcha entre Once y Plaza de Mayo para rendir homenaje a las víctimas.

Durante la jornada se realizaron varias intervenciones artísticas y se espera que la marcha inicie a las 18.30, donde los asistentes irán desde la Plaza de Mayo al santuario, donde una hora después está prevista la lectura de un documento por parte de los organizadores y el emplazamiento de una escultura.

El 30 de diciembre de 2004, cuando el grupo Callejeros ofrecía un recital ante una gran cantidad de personas, que superaba la capacidad permitida del local del barrio porteño de Balvanera, se inició un incendio, por el uso de bengalas, que causó 194 muertes y más de 1.400 heridos.

Desde ese día, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de acalorados debates que definieron la suerte de encumbrados políticos, la asignación de subsidios, el homenaje a las víctimas y hasta intentos nunca concretados para la expropiación del edificio de Mitre al 3.000.

Tras catorce años de idas y vueltas judiciales, a fines de febrero del 2019 los familiares de víctimas y sobrevivientes denunciaron que el dueño del local donde funcionaba el boliche, el condenado Rafael Levy, había retomado el control del predio y comenzaba a hacer modificaciones.

Así, en febrero y marzo se presentaron dos proyectos para proteger el sitio como un espacio de memoria, a través de una “patrimonialización” o de la expropiación, pero las iniciativas no consiguieron siquiera ser discutidas en comisiones.

Sin embargo, la Legislatura aprobó la construcción de un monumento en memoria de los fallecidos que había sido ordenada por un fallo judicial.

Durante 2020, los familiares y sobrevivientes reclamaron que la Legislatura porteña trate el proyecto para que el edificio donde ocurrió la tragedia se convierta en un espacio para la memoria.

Haciendo historia, la contención a víctimas y familiares alcanzó forma definitiva con la ley de “Reparación Integral” aprobada en noviembre de 2013, en la que se incluía la “atención en salud mental, los controles neumonólogicos, los tratamientos de oncología” y la “preferencia para cubrir vacantes laborales en el sector público”.

“La ley fue reglamentada rápido para la parte del subsidio pero fue muy lenta y muy mala en la parte de salud y especialmente de empleo. Como tenía un plazo de cinco años, a fines de 2018 se actualizaron los montos con una nueva ley que tiene 3 años de duración”, comentó Belkys Contino, una de las sobrevivientes.

Con el correr de los años también se votaron homenajes de todo tipo, como la imposición del nombre “30 de diciembre” a la estación Once de la línea H de subte o la creación del “Bosque Víctimas de Cromañón” con la plantación de 194 árboles en el Parque 3 de Febrero.

Pero la historia legislativa respecto del local de Mitre 3.060 comienza antes de la tragedia: en septiembre de 2001 se había presentado un pedido de informes -que nunca fue sancionado- en el que se solicitaba al Ejecutivo que diera cuenta de la presencia de menores de edad en el lugar que por ese entonces llevaba el nombre de “El Reventón”.

Aunque el boliche cambió de la cumbia al rock en abril de 2004, esa práctica que habían alertado los diputados Silvia Gotero y Víctor Santa María continuó y el 30 de diciembre de 2004 fueron más de 50 los fallecidos menores de 18 años, una nómina que incluye una niña de 10 meses y una decena de chicos de menos de 10 años.

Aquel 2005 comenzó con luto y con sesiones extraordinarias en las que el Ejecutivo porteño brindaba informes sobre la responsabilidad de funcionarios, habilitaciones del local y el operativo montado para socorrer a las víctimas.

También llegaron a la Legislatura los primeros proyectos pidiendo la expropiación del edificio, tema que nunca llegó a ser debatido en el recinto por diversas razones que van desde el embargo judicial que pesó sobre el inmueble durante los procesos penales hasta la falta de acuerdos políticos.

El 24 de febrero de ese 2005 los diputados de la Ciudad sancionaron la creación de una comisión investigadora para indagar sobre “la responsabilidad” que les pudiera haber cabido “a autoridades, funcionarios y empleados” del gobierno porteño.

Son recordados de aquellos días los cruces discursivos entre el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Anibal Ibarra y el legislador Milcíades Peña, quién había perdido un sobrino en la tragedia y encabezó la comisión productora de un informe de 20 mil fojas, a la postre central en el posterior juicio político contra Ibarra.

Es que si existe una marca indeleble que une al palacio de la calle Perú y el boliche de la calle Mitre es el proceso sustanciado contra Ibarra, que formalmente se inició el 14 de noviembre de 2006 cuando la sala acusadora dio vista bueno al trámite con 30 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones

Fue recién en marzo de 2007, en el marco de jornadas que estuvieron cargadas de tensión, cuando se consiguió el veredicto condenatorio gracias al voto de cuatro diputados de PRO, dos del ARI, dos de izquierda, una radical disidente y un kirchnerista.

Sin embargo, Ibarra no fue inhibido para la función pública y fue electo legislador en 2007.

Frente a una de las puertas del palacio legislativo, sobre el piso y abollada, resiste al olvido y a la indiferencia de los transeúntes una pequeña placa de bronce que resume aquellos días: “Por la lucha y con la ley fue destituido Aníbal Ibarra, principal responsable político de la masacre de Cromañon, 194 pibes presentes”.