La mujer policía que estuvo la noche que murió «Bocacha» Orellano, escribió una carta abierta

La noche del 24 de febrero de 2020, Karina Gómez y su pareja Gabriel Nicolossi, ambos policías, cumplían servicio adicional en el boliche Sr. Ming River House. Esa misma noche Carlos «Bocacha» Orellano fue a bailar a ese mismo lugar con un grupo de amigos. Ambos destinos se cruzaron. Bocacha desapareció y fue hallado muerto al día siguiente en las aguas del río Paraná. Ambos policías fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores y en grado consumado y falsedad ideológica de instrumento público. Gómez se encuentra en libertad y su pareja permanece en prisión preventiva. En la causa otros dos policías fueron imputados por incumplir la orden de la fiscal Piazza Iglesias para secuestrar las cámaras de seguridad del lugar.

En la audiencia imputativa del 11 de diciembre pasado, el fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos les atribuyó a Gómez y Nicolossi que en horas de la madrugada del día 24 de febrero de 2020, mientras se encontraban cumpliendo servicios de policía adicional en “Sr. Ming”, al presenciar, en inmediaciones del lugar la presunta caída de Carlos Daniel Orellano al río Paraná, los imputados dieron aviso a las 5.35 aproximadamente a la central de emergencias del 911 y a personal de Prefectura Naval Argentina omitiendo informar en esa oportunidad la existencia de una interacción entre los imputados y la víctima, los llamados a dos hombres pertenecientes al personal de seguridad del boliche.

Luego, acusan a ambos de haberse retirado inmediatamente del lugar, sin documentar debidamente su actuación, lo que le impidió al personal de Prefectura, ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate.

Asimismo se les imputó haber insertado en el acta de procedimiento redactada y suscripta por ambos imputados, declaraciones falsas, haciendo constar que observaron “detrás de las barandas de seguridad, una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua…”, siendo que se podría tener por acreditada una interacción entre Orellano y un grupo de personas compuesto por los dos empleados de seguridad del boliche mencionados y los imputados Gómez y Nicolossi, quienes cumplían servicio de policía adicional en el mismo local bailable. Según entiende Fiscalía, esta situación de relevancia, fue intencionalmente omitida por los imputados en el acta que se les requirió, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos.

Luego de las diligencias, que deberán ser presentadas y probadas en un juicio que determinará la responsabilidad o no de los imputados, la pareja denuncia que ha sido blanco del escarnio público y mediático, y sostienen su inocencia.

Karina Gómez lo hizo a través de una carta pública, la cual reproducimos a continuación.

Texto completo de la carta:

CARTA ABIERTA A LA JUNTA DE LINCHADORES..

La continua embestida mediática, la persecución sostenida, la publicación de nuestras fotos por las redes con nombre apellido y dirección bajo el mote de ASESINOS, el encarcelamiento preventivo de mi marido, las amenazas y hostigamiento continuos por parte de personas que se presentan como «cercanos» a la familia Orellano, las promesas de «matar a nuestros hijos» y la angustia mental de esos niños, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión como mujer, madre y trabajadora.

Cerca del primer aniversario de la lamentable muerte de Carlos Orellano se ha motivado un balance de la acción en documentos y discursos, donde lo que los acusadores privados llaman «aciertos» son errores, lo que nunca reconocen como errores son hechos que destruyen su precipitada y antidemocrática forma de humillar, maltratar y criminalizar a gente INOCENTE, y lo que a la prensa SIEMPRE le omiten son hechos certeros que confirman nuestra ajenidad en los sucesos que envolvieron la muerte de Carlos Orellano. 

Desde el 23 de febrero de 2020, con la complacencia de ciertos sectores que nunca nos han oído, derrocaron los acusadores particulares y  «seriales» -protagonistas de esperpentos mediáticos y grotescos- mandatos tan centrales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley o la protección jurídica, derechos de los que forman parte, a cuyo desprestigio contribuyen como ejecutores de su política represiva, de criminalización, estigmatización, escarnio público y linchamiento mediático.

Gracias a esa repugnante labor que llevan a cabo en esta y otras causas -en las cuáles no hay debido proceso ni sentencia judicial firme- es que al día de hoy ni siquiera puedo salir a la calle sin temor de que alguien me trate de «asesina» incluso en presencia de mis hijos. Hago esfuerzos INNUMERABLES para llegar a fin de mes, para visitar a mi marido en una cárcel sucia e infecta en la que purga una detención ilegítima sin ningún sustento más que la búsqueda por parte de sectores judiciales de «descomprimir» una situación en la cual se nos ha puesto no por ser responsables de delito alguno, sino por el mero hecho de ser TRABAJADORES POLICIALES.

En este sentido nuestras «supuestas conductas sospechosas» no parecen orientarse a buscar la verdad -qué fue lo que le paso a Carlos en el lugar y momento de su muerte- sino solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento.

Llegados a este punto, siendo constitucionalmente INOCENTES, y aun habiendo sido blanco de represalias, actos vandálicos, de un linchamiento mediático y un manoseo público exagerado, comprendo que el reclamo social es entendible.

Es fácil para la sociedad creer que haya sido LA policía, pero las causas judiciales no se definen por CREENCIAS sino por PRUEBAS.

Perseguirnos o invadir nuestra vida solo porque somos policías, por nuestra condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor.

Ser policías no nos vuelve delincuentes ni culpables.

De este modo lamentablemente se invierten valores democráticos que forman parte de los conceptos más profundos del Estado de Derecho y se reedita una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país.

Invirtiendo ese camino han restaurado los acusadores la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las políticas más amplias de respeto por los derechos básicos del ser humano, que humillan y ultrajan al pueblo en «primeras planas» y disgregan la Nación.

Como mujer y trabajadora policial se lo que es vivir a la sombra de la humillación o el desprestigio dentro de un sistema que, en la faz interna me oprime por ser mujer, y en la faz social/externa me desprecia por ser una trabajadora policial; esta misiva es una manera de romper de una vez por todas esos estereotipos fascistas y antidemocráticos los cuales son bien conocidos y ampliamente utilizados por los acusadores.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de la lamentablemente muerte de Carlos Orellano he querido hacer llegar a la sociedad en plural, y a los acusadores en particular, sin esperanza de ser escuchada, con la certeza de ser perseguida, pero sabiendo que como derecho básico de expresión y difusión circulará de mano en mano, y quizá será reproducida por periodistas que busquen informar y no CONFORMAR, manteniendo vigente aquella máxima que le valió la VIDA y la MUERTE al gran Rodolfo Walsh cuando decidió mantenerse «fiel al compromiso de dar testimonio en momentos difíciles…»