Publicaron una solicitada para exigir que Cablevisión cumpla con las normas tarifarias
A través de un decreto, el Gobierno fijó tope del 5% para el incremento del abono de Cablevisión, pero la compañía llegó a aumentar sus servicios un 20%. Ante esto, se publicó una solicitada para pedir que el grupo empresario Cablevisión-Clarín-Telecom cumpla con lo que dispone la ley.
Con la adhesión de más de 550 firmas, entre las que se encuentran personalidades ligadas al cine, el teatro, la música y el periodismo, se publicó este domingo una solicitada dirigida al grupo empresario Cablevisión-Clarín-Telecom en donde se le exige que cumpla con la resolución 1466/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que fijó un tope del 5% para el incremento del abono de Cablevisión.
La solicitada lleva como título la consigna “Cablevisión, pará la mano” y cuestiona al grupo empresario por “aplicar a los usuarios un aumento del 20%, desconociendo la autorización de sólo el 5% del incremento que dispuso el ENACOM, medida dispuesta en el contexto extraordinario de la pandemia que afecta al planeta”.
El pronunciamiento advierte que el holding Cablevisión-Clarín-Telecom “pretende desconocer el DNU 690/2020, con el que el presidente Alberto Fernández determinó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un derecho humano básico, declarando a la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago como servicios públicos esenciales en competencia”.
El texto, que se publicó este domingo en la edición dominical de varios diarios de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), recuerda que a través del DNU 690/2020 el Ejecutivo repuso la función regulatoria del Estado del sector (lo que incluye la potestad de establecer topes tarifarios en situaciones de emergencia), una facultad que había sido derogada durante la administración de Mauricio Macri.
Además, la solicitada subraya que las empresas del sector de las telecomunicaciones están obligadas a garantizar el servicio de la Prestación Básica Universal (PBU) para toda persona cuyo ingreso sea igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles.
La declaración está suscripta por el periodista Horacio Verbitsky, el cantante y compositor Indio Solari, el relator de fútbol y periodista Víctor Hugo Morales, la cantante Susana Rinaldi, el psicoanalista y ensayista Jorge Alemán, el escritor y conductor radial Pedro Saborido, la cantante Liliana Herrero y su par Teresa Parodi, en el marco de una lista de adhesiones que supera los 550 nombres y que incluye, también, a representantes de universidades públicas y dirigentes sindicales del sector de la comunicación y de gremios en general, como Omar Plaini (canillitas), Héctor Amichetti (gráficos), Norberto Pianelli (trabajadores de subte), Agustín Lecchi (Sipreba), Carla Gaudensi (Fatpren), Carlos De Feo (Conadu) y Daniel Catalano (ATE Capital).
El documento también fue firmado por un grupo numeroso de actores y actrices, entre ellos Dalma Maradona, Pablo Echarri, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Alejandra Darín, Paola Barrientos, Carolina Papaleo, Darío Grandinetti, Luis Ziembrovski, Mirtha Bisnelli, Lola Berthet, Patricia Palmer y Jean Pierre Noher.
“El mismo holding que repartió dividendos a sus accionistas en medio de la pandemia, hace uso de su posición dominante en el sistema de medios para lucrar con los usuarios mediante abusos tarifarios, hoy ilegales. A pesar del intento permanente de parte del gobierno de generar un vínculo de diálogo, las empresas del Grupo Clarín desconocen las normas legales dictadas en un gobierno democrático. No es la primera vez”, dice el texto de la solicitada para concluir, en el último párrafo: “El conflicto real sigue siendo el mismo. Quién gobierna la Argentina: el voto mayoritario de la ciudadanía en democracia o algunas corporaciones cartelizadas”.
La resolución 1466 del Enacom autorizó a los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (conocidos como TIC), a partir del 1º de enero último, aumentos de los precios minoristas de hasta un 5%.
El DNU 690/2020 se publicó en el Boletín Oficial el 22 de agosto del año pasado y ya fue refrendado por el Senado.
En uno de sus dos artículos fundamentales, el decreto 690 establece que los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (conocidos como TIC), al igual que el acceso a las redes de telecomunicaciones, son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que el Enacom deberá garantizar “su efectiva disponibilidad”.
En otro de sus apartados, establece que los licenciatarios de servicios de TIC deben fijar “precios justos y razonables”.
El holding Cablevisión-Clarín-Telecom interpuso una medida cuatelar contra el DNU 690 con la intención de suspender la declaración como servicios públicos esenciales de la telefonía móvil y fija, la prestación de internet wi-fi y la TV por cable y, al mismo tiempo, bloquear la fijación del tope tarifario.
Sin embargo, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa rechazó el pedido y se negó a dictar una medida cautelar, por lo que el DNU está vigente para el Grupo Clarín y, por esa razón, también debe aplicarse lo dispuesto en la resolución 1466 del Enacom.