Espionaje ilegal: suspenden provisoriamente el traslado de la causa a Comodoro Py

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Alberto Beraldi, y suspendió provisoriamente el traslado a Comodoro Py de la causa que investiga presuntos espionajes ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri.

Días atrás se conoció que esta causa, que hasta el momento se tramitó en los Tribunales de Lomas de Zamora, pasaría a Comodoro Py. Ante esto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario para que la causa se siga tramitando en los tribunales federales Lomas de Zamora y este miércoles el juez Mariano Borinsky hizo lugar a esta solicitud y suspendió provisoriamente el traslado del caso.

A partir de ahora, Casación deberá decidir se le habilita la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia con ese reclamo.

Mientras Casación evalúe el recurso, los efectos del fallo que la propia Cámara había emitido el viernes pasado para que la causa pase a Comodoro Py quedan suspendidos y el expediente permanecerá en Lomas de Zamora.

La presentación judicial por parte de Beraldi fue hecha pública en la mañana de este miércoles y, entre los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la vicepresidenta, destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició, que en este caso es Juan Pablo Augé.

“Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones”, señaló el abogado.

La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal fue tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, ante el pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.

La mayoría eventual de Casación ordenó el pasado viernes que se debían remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como “Súper Mario Bros” y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.

El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción que se vio suspendido este miércoles es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.

Por el contrario, Beraldi entendió que “la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad”.

En atención a la gravedad de los hechos investigados, el letrado reclamó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales”.

Hasta el momento, la causa por espionaje al Instituto Patria tiene con procesamiento al mismo Arribas, a su segunda en la AFI, Silvia Majdalani, al entonces director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, y el director operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, todos con imputaciones confirmadas por la Cámara Federal de La Plata.

En el expediente que investiga el espionaje a dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, el denominado grupo “Súper Mario Bros”, y las escuchas en el sistema penitenciario a exfuncionarios presos y a sus abogados, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron cerca de cuarenta imputaciones que el juez Augé estaba evaluando.

“Un desplazamiento (de las causas) a esta altura -analizó Beraldi- podría neutralizar tales avances, o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios”, puntualizó.

Para la querella que impulsa la vicepresidenta, la mudanza de las actuaciones implicaría “el traslado (digital y/o físico) de múltiples expedientes, legajos e incidentes; la posibilidad de pérdida de objetos y/o documentos; el estudio y análisis del caso desde sus inicios por parte de los nuevos funcionarios que intervengan; la definición de estrategias investigativas (nuevas o no); la asignación de recursos; la distribución de funciones en las nuevas dependencias a cargo del caso; las notificaciones a las partes; la habilitación de instancias de recusación y excusación de los nuevos funcionarios intervinientes”.

Luego de la enumeración de efectos negativos sobre la investigación penal, Beraldi resumió: “En definitiva, (el cambio implicaría) una puesta en conocimiento y posible reevaluación del curso de las actuaciones que sólo podría traducirse en un retraso importante”.