El Banco Central apura auditoría por deuda y fuga de 45 mil millones del FMI
El presidente Alberto Fernández había dicho más temprano, ante la Asamblea Legislativa, que iniciará una querella contra ex funcionarios que participaron de la negociación de ese préstamo. Ahora, la autoridad monetaria envió documentación a organismos de control.
Tras lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, el Banco Central envió este lunes a organismos de control toda la documentación para investigar el acuerdo con el FMI y allí estimó que la fuga de divisas alcanzó unos u$s 45.100 millones entre mayo de 2018 y octubre de 2019.
La autoridad monetaria remitió todos los informes a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción, para que esos organismos analicen si hubo perjuicio contra el Estado a partir del convenio firmado durante la administración de Mauricio Macri con el FMI.
Advirtió que ni el Gobierno, ni el Fondo como órgano de contralor, tomaron medidas para evitar una fuga de divisas, que estimó en unos u$s 45.100 millones entre mayo de 2018 y octubre de 2019, ya que no sólo fueron motorizadas por los ingresos del préstamo sino también con la salida de reservas.
El BCRA pidió «la realización de una auditoría específica» de la documentación para evaluar las «responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI» en 2018.
Reclamó a su vez «determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público».
El nudo legal
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019». También las actuaciones administrativas referenciadas y de los expedientes tramitados en el Banco Central.
«Estos expedientes fueron remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación», agregó la entidad.
Destacó también que «en el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI».
«En el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la ausencia de dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo», agregó.
Explicó que «ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características».
Barril sin Fondo
Según la legislación vigente, indicó la autoridad monetaria en un comunicado, el Poder Ejecutivo no tendría facultades para la firma del acuerdo.
«En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión», advirtió el BCRA.
Destacó que «el informe concluye que entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones».
«Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones«, alertó el Central.
Según la normativa actual, «ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin».
«Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo», añadió.
Según el Central, «la administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante».
«Con la documentación presentada, la Sigen y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo», sostuvo.