Los habitantes de Yangón huyen de la represión que multiplica los muertos en Myanmar

Numerosos habitantes de Yangón, capital económica de Myanmar, huyeron en los últimos días del baño de sangre desatado por el Ejército contra los manifestantes, en medio de una feroz represión que ya dejó 149 muertes desde el golpe militar del 1 de febrero, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), mientras crece la presión internacional contra la junta militar de la ex Birmania.

«Hemos logrado confirmar que al menos 149 personas han sido privadas arbitrariamente de la vida desde el 1 de febrero como resultado del uso ilegal de fuerza letal contra manifestantes pacíficos en Myanmar. De estos, al menos 11 fueron asesinados el lunes (por ayer) y 57 durante el fin de semana. Hay muchos más informes de más asesinatos que aún no hemos podido corroborar», declaró la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

Los manifestantes centraron su accionar en pequeñas marchas pacíficas evitando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero la tensión se mantuvo en niveles altos en Yangón, donde según testigos las fuerzas del Estado dispararon nuevamente con munición de plomo contra los manifestantes.

En Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Yangón, donde rige la ley marcial, muchos habitantes pusieron sus pertenencias y mascotas en camiones o tuk-tuks (vehículos de dos ruedas) para abandonar la zona a toda prisa, según imágenes de un medio local citadas por la agencia de noticias AFP.

Se puede ver gente en las carreteras hasta donde alcanzaba la vista que huían para regresar a sus zonas de origen.

El pasado domingo se declaró la ley marcial y las fuerzas de seguridad se desplegaron en gran número, abriendo fuego y matando a decenas de manifestantes en el suburbio después de que grupos de asaltantes incendiaran varias fábricas chinas.

Todas las personas arrestadas en el distrito y en los otros cinco distritos de Yangón donde se impuso la ley marcial se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar y se enfrentan a una pena mínima de tres años de trabajos forzados.

La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), una ONG con base en Mae Sot (Tailandia) y en Yangón, estima que al menos 183 personas murieron y 2.175 fueron detenidas durante la represión de las protestas contra la asonada militar del 1 de febrero.

En medio de una creciente presión internacional contra la junta militar, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, acusó al ejército birmano de reprimir «brutalmente» a los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado.

«En Myanmar los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos», dijo Blinken en Tokio, en su primer viaje al extranjero.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó «enérgicamente esta violencia en curso contra manifestantes pacíficos y la continua violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo de Myanmar».

El golpe contra la mandataria Aung San Suu Kyi revirtió años de lento progreso hacia la democracia en Myanmar, que durante cinco décadas había languidecido bajo un estricto régimen militar que condujo al aislamiento y las sanciones internacionales.