«¿Por qué se desprecian las dragas argentinas y se quiere seguir extranjerizando el dragado?»
Con esta frase, los trabajadores de ATE Ensenada, interrogaron públicamente al presidente Alberto Fernández, quien había declarado -en un programa de TV- que Argentina no tiene recursos para gestionar y sostener la operatividad de la mal llamada hidrovía.
Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires
Tras la afirmación de Alberto Fernández, de que el Estado se encontraba imposibilitado de asumir la gestión del dispositivo de mantenimiento de la denominada hidrovía por falta de recursos, se escucharon voces que interpelaron las afirmaciones del presidente. entre tantos, la carta que le enviaron los trabajadores de ATE Ensenada en la que consideran «positivas sus últimas declaraciones», para «avanzar en el control y administración de nuestro río Paraná».
Sin embargo, le recordaron: «Usted ha emitido opinión de que los argentinos no estamos en condiciones de hacernos cargo del dragado y balizamiento de la mal llamada “Hidrovía”, y a renglón seguido le preguntaron «¿Por qué se desprecian las dragas que tenemos los argentinos y se quiere continuar extranjerizando el dragado?», con cierto grado de disgusto.
El Secretario de Acción Política de ATE Ensenada y trabajador del Astillero Río Santiago, Licenciado Diego Seimandi dialogó con Conclusión y ratificó los términos de la misiva enviada al primer mandatario y desmintió la creencia del titular del Ejecutivo Nacional al referir que el Presidente esta mala asesorado. Porque el Astillero Río Santiago está en condiciones de encarar la reparación de dragas o de construirlas, porque la calidad de la mano de obra especializada y su capacidad técnica «no tienen nada que envidiarle a otros astilleros del mundo».
Además, tras recordarle el Presidente que Vías Navegables de la Nación, tiene la draga más grande de la cuenca el Plata, y que se encuentra en manos de la empresa Jan De Null, como otras naves que trabajan sobre el lecho del río y su balizamiento»; al tiempo que saludaron que «el Estado se haga cargo del cobro del peaje así como la concreción del canal Magdalena y la creación de una comisión bicameral para el control, pero esto de ninguna manera garantiza la soberanía argentina sobre los ríos».
La licitación para explotar la hidrovía realizada durante el menemismo preveía que la empresa obtuviese sus ingresos a partir de un peaje cobrado a los barcos que navegasen en el Paraná. Se trataba de un esquema que era bastante novedoso, ya que en la mayoría de los países, el dragado y balizamiento de los puertos y las vías navegables era, y es hasta hoy realizado por el Estado en base a la recaudación de los impuestos generales.
La oportunidad no puede ser desaprovechada, en su momento el titular de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, había advertido que -hace décadas – en la denominada hidrovía se suceden hechos de «narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”.
Cabe recordar que la UIF, esta facultada para investigar y prevenir delitos de lavado de activos.
Draga Argentina Capitán Núñez
El Presidente Alberto Fernández anunció el año pasado desde Santa Fe la creación del Consejo Federal de la Hidrovía y la posibilidad de avanzar en una empresa estatal, con participación de las provincias, para gestionar la red troncal fluvial por la que circulan anualmente casi 5.000 embarcaciones que transportan 125 millones de toneladas de producción agropecuaria e industrial, casi el 75% de las exportaciones del país, donde el peaje por tonelada es de 3,06 dólares.
No obstante, la idea del oficialismo se desvaneció cuando se conoció el decreto 949/20, ya que se facultaba a la cartera de Transporte a llamar a licitación de la Hidrovía. Pero llamó la atención, que en el texto del mismo era notoria la ausencia de la empresa estatal que había anunciado el Presidente y la consolidación de un esquema de tránsito fluvial que viene favoreciendo al puerto de Montevideo.
Se sospecha que la impugnación de la empresa estatal, llegó de la mano de las principales exportadoras de Argentina, dueñas de los puertos sobre el litoral, que ejercen su poder de lobby desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y el dorso de la moneda encarnado en la Mesa de Enlace.