Firman convenio de implementación de alerta temprana de desalojos
La resolución tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional, tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat junto a la Defensoría del Pueblo bonaerense firmaron un convenio de colaboración y asistencia técnica, en el marco del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales creado por el Gobierno nacional.
Según informó la cartera de desarrollo territorial, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini junto al representante de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, firmaron un convenio de colaboración y asistencia técnica para el desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas en la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Scatolini destacó que desde el Ministerio que conduce Jorge Ferraresi «se vienen desarrollando múltiples acciones desde la creación del protocolo que permitan la defensa integral de aquellos sectores que puedan tener un riesgo concreto de desalojo».
«A partir de la adhesión de la Defensoría de Buenos Aires ponemos en marcha un trabajo de colaboración, acompañamiento, frente a la necesidad de las familias, de manera coordinada con el Estado Nacional para encontrar soluciones concretas al respecto”, agregó.
El compromiso entre las instituciones incluye el desarrollo de actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones, producción e intercambios de información; planificación, diseño, asistencia y ejecución de políticas públicas, asistencia a la ciudadanía, y cualquier otra acción que lleve a cumplir con la finalidad del convenio, informaron.
En este sentido, se brindará un examen del marco situacional de cada hogar inquilino, distinguiendo de manera preferencial aquellas que impliquen un trato violatorio de los Derechos Humanos, posibilitando soluciones ajustadas a cada caso concreto, motorizando el alerta temprana frente a posibles casos de desalojo inminente, articulando mecanismos de defensa desde un abordaje interdisciplinario.