DOMINGO, 24 DE NOV

En Francia ya se venden certificados anti Covid-19 falsificados

Varias personas, incluidos los empleados de servicios médicos, fueron procesadas por vender certificados anticoronavirus falsificados.

Varias personas, incluidos los empleados de servicios médicos, fueron procesadas por vender certificados anticoronavirus falsificados.
Según informaron medios locales, esta gente está acusada por tráfico de códigos QR del pase sanitario en el país galo.

Menciona que en la red de mensajería encriptada Telegram se aprecian claramente los grupos que ponen a la venta dichos certificados médicos «fraudentos».

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Un de ellos, llamado «Passeport Sanitaire Covid-19 Pfizer» cuenta con cerca de 30.000 suscriptores y propone un pase sanitario individual por 300 euros y un test PCR negativo por 50 euros.

Basta con entregar datos personales como un número de Seguro Social francés, pagar la cantidad exigida – el servicio ofrece incluso descuentos para grupos – y el cliente recibirá un código QR en 48 horas, promete el mensaje de presentación del grupo.

No sólo se pueden adquirir tales certificados por medio de las redes sociales, sino que se reportaron casos de empleados de centros de vacunación que también lucran con este jugoso mercado de los salvoconductos sanitarios adquiridos en el «mercado negro».

A mediados de julio, un periodista del diario local Le Parisien le hizo una cámara oculta a una enfermera de un centro de vacunación que entregaba un certificado sin inyectarlo.

El trabajador de prensa pagó 300 euros a la enfermera a cambio del documento.

«Tengo a un cómplice en una farmacia que puede registrarlo en la base de datos como si se hubiera hecho un test negativo», contó a la radio Europe 1 otro intermediario que vende códigos QR por un precio que oscila entre 20 y 50 euros.

Otros consiguen gratuitamente pases sanitarios por medio de profesionales de la salud complacientes y escépticos hacia la vacunación anticovid-19.
Muchos ciudadanos que no se quieren vacunar o que no se vacunaron a tiempo optaron por adquirir en forma ilícita la constancia que les permite sortear la obligatoriedad de comprobar que está libre y protegido de Covid-19.

Vigencia del pasaporte

El próximo lunes 9 de agosto entra en vigor el «pasaporte sanitario» en Francia: para ir al restaurante, al cine o hacer deporte se requerirá demostrar- con un código QR- que uno realizó en las últimas 48 horas una prueba con resultado negativo de Covid-19 o que recibió dos dosis de vacuna contra esta infección.

Las autoridades francesas quieren supeditar el ingreso a todos los locales comerciales y culturales, trenes y aviones, a la presentación de un certificado de vacunación o de test negativo de coronavirus, una medida drástica que el presidente de ese país, Emmanuel Macron, justificó como una herramienta de lucha contra la epidemia.

Pese a que el gobierno puso a disposición de toda la población dosis gratuitas de vacunas, muchas personas no las aceptan y, para esquivar las consecuencias, adquieren falsos certificados de tests negativos o de vacunación anticovid-19.

En varias ciudades de Francia, la policía desarticuló redes de tráficos de certificados sanitarios.

En la periferia de París, una empleada del Seguro Social francés fue condenada a un mes de casa por cárcel -con pulsera electrónica geolocalizada- y a una multa de 10.000 euros por haber vendido 200 códigos QR en Snapchat.

La mujer admitió que vendía dichos certificados por un precio de 200 euros por unidad.

En Burdeos, dos empleadas temporarias de 18 y 20 años de un centro de vacunación también fueron presentadas a un juez por «falsa documentación» y «corrupción pasiva» por haber otorgado pases sanitarios a personas no vacunadas, a cambio de entre 80 y 150 euros.

La fiscalía francesa también investiga a los beneficiarios de esta red ilícita que se exponen a 2000 euros de multa.

«Uno de los beneficiarios dice tener una fobia a los medicamentos y otra no se quería vacunar», cita el diario 20Minutes.fr.

La falsificación de certificados sanitarios puede ser penado con hasta 3 años de cárcel y 45.000 euros de multa.

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