Presentan un proyecto para prorrogar la Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas
En 2017 el Gobierno nacional prorrogó la Ley 26.160 que suspende desalojos en tierras habitadas por comunidades indígena hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.
Un proyecto de ley para prorrogar la Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas, cuya vigencia original termina en noviembre de este año, fue presentado hoy en la Cámara de Senadores de la Nación, se informó oficialmente.
La iniciativa lleva la firma de la legisladora salteña por el Frente de Todos Nora Giménez y establece llevar hasta 2025 la fecha de vencimiento del relevamiento de tierras, que aún no fue concluido.
La Ley 26.160, aprobada en 2006, permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país
Esa norma ordenaba, además, la realización de un Relevamiento Territorial de las Comunidades Originarias.
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Desde entonces, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar sólo 742 de las 950 comunidades identificadas en 2006. Y a ese número se han agregado otras, en su mayoría desmembramientos de grupos existentes, que ampliaron a cerca de 1.000 el número de comunidades a relevar.
La ley, sancionada el 8 de noviembre de ese mismo año por el Congreso, establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”.
Además, dispuso suspender “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”.