“Mochila argentina” e intento reformista: “No hay motivos económicos en esto”

En las últimas semanas, especialmente a partir de clima electoral y la mención de algunos dirigentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio en Buenos Aires, la posibilidad de una “reforma laboral” se coló nuevamente en la agenda mediática y política.

No obstante, se trata de un viejo anhelo de algunos sectores económicos que buscan abaratar -aún más- el “costo laboral”. Ese argumento se cae de por sí al advertir que el salario real promedio cayó en el país de forma estrepitosa en los últimos años, en una pérdida de valor abrumadora en los ingresos de trabajadores en comparación a otros países de la región, lo cual no se tradujo en mayores tasas de ocupación, sino más bien todo lo contrario.

Entre los conceptos “novedosos” con los que busca encararse este intento reformista, se menciona a la “mochila argentina”, una especie de seguro de garantía de indemnización, la cual es una de las variables de las que se quejan repetidamente sectores empresariales.

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“La mochila argentina es un nuevo experimento iniciado por la clase dominante argentina, que por supuesto habrá pequeños empresarios que pueden tener cierta confianza en esta salida, que no es ninguna salida, es una versión edulcorada de otros proyectos”, dijo a Conclusión Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

Y amplió: “Recordemos el de Menem, que fracasó por la acción sindical, por la unión del campo popular, por las movilizaciones convocadas. En ese proyecto se hablaba de un fondo de cese, similar al de los trabajadores de la construcción, o sea que no exista indemnización como fondo de despido y que el empresario haga un aporte del 8% en el primer año, 12% a partir del año siguiente, a partir de ahí se conforma un capital que le corresponde al trabajador, que está depositado en un banco. Cuando el trabajador se retira, cualquiera sea el motivo, sea despido o sea renuncia, tiene eso para cobrar. Nosotros hemos criticado eso porque consideramos que es inconstitucional, pero no hemos tenido suerte en estos planteos”.

En ese sentido el jurista ligado al mundo del trabajo sostuvo que estos conceptos “viene desde la dictadura de Onganía” ya que “ahí empieza toda esta historia que los norteamericanos llaman el despido libre”.

“El sueño dorado de muchos empresarios es que no haya indemnización por despidos. El sueño que nosotros tenemos como laboralistas es que no haya despidos sin causa, porque consideramos que un trabajador que no tiene nada propio, solo su fuerza de trabajo -física o intelectual- y lo mínimo que puede pretender es tener un puesto de trabajo y tener derecho al mismo mientras no exista un motivo disciplinario que haga cesar ese derecho. Entonces nosotros, que estamos a favor de la estabilidad, no podemos menos que estar en contra de un proyecto o una ley que tiende a ser más flexibilizadora”, apuntó.

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A la hora de analizar los argumentos esgrimidos por los defensores de la “mochila argentina”, entre los que se cuenta al empresario textil Teddy Karagozian, entre otros, Elizondo descartó que sea porque “pretendan mayor productividad”.

“No hay motivos económicos en esto, no podemos pensar que la indemnización que se paga en caso de despidos sea un monto sideral y hoy el salario está devaluado, no es el salario del 2014, es un 30% menos. Y en dólares el salario son 200, 300 o 400 dólares. Se trata de un objetivo político, el objetivo es desarmar a la clase trabajadora”, precisó.

En esa línea, el abogado laboralista hilvanó una línea histórica al respecto. “La dictadura militar existió con el objetivo de destrozar a la clase trabajadora como fuerza principal del pueblo en la lucha contra la explotación, el imperialismo, la dependencia; y por eso la mayor parte de los desaparecidos son activistas, son gente de la clase obrera, delegados, miembros de comisiones internas, se calcula que son el 60% de los desaparecidos. El objetivo es destruir a la clase trabajadora como fuerza social, como fuerza política y desindicalizar el país. Más allá de las críticas que podamos hacer, es evidente que la clase trabajadora del país está mejor organizada que en cualquier otro lugar del mundo”.

Además, el vicepresidente de la entidad que nuclea a los letrados del derecho laboral, trazó un paralelismo con el tan mentado -acelerado por la pandemia- home office.

“Conjuntamente con el teletrabajo, que es una ‘necesidad’ y que tiende a la individualización del trabajador. Se trata de fraccionar al colectivo laboral. El trabajador queda a la merced del patrón. Por eso hoy hay tanta tercerización. A veces, le sale más caro, pero le sale más barato desde el punto de vista que el obrero tercerizado tiende menos a sindicalizarse que el obrero permanente”, apuntó.

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A la hora de desmenuzar la procedencia de la propuesta de la “mochila argentina”, Elizondo se refirió al origen conceptual de la idea, el cual se da en Austria.

“La mochila austríaca se aprueba por el año 2012. En Austria se había achicado la indemnización, de diez días por cada año de servicio, a cinco días. Entonces, los gobiernos populistas neoliberales pensaron que la solución estaba en reemplazar la indemnización por este aporte de 1,57 por ciento sobre el salario bruto. Cuando se retiran van cobrando ese sueldo. El objetivo es que la mano de obra, la fuerza de trabajo, sea totalmente flexible. El sindicato va a existir para que te aconseje, se pretende que el trabajo sea una mercancía más”, explicó.

Y concluyó: “El señor Karagozian dice que el empleador, en vez de pagar una indemnización en caso de despido, vaya pagando un seguro de indemnización. Cuando se da el despido del trabajador, cualquiera fuera el motivo, el percibe ese seguro pero no de una vez, como en el caso de los trabajadores de la construcción, sino que le van a seguir pagando el sueldo hasta que consiga un nuevo trabajo o bien se agote el dinero depositado en esa cuenta. Esto es peor que la situación de los obreros de la construcción, porque ellos van y cobran lo que tienen. Acá no, acá va a haber un ente administrador que dicen que puede ser el Anses, que se va a hacer cargo de pagar el sueldo del trabajador que ha sido despedido. Al no tener protección contra el despido arbitrario, se estaría violando el artículo 14 bis de la constitución, que garantiza eso”.