México busca estatizar la extracción y producción de litio

Por Marianela Mayer*

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó al Congreso una reforma constitucional sobre la industria eléctrica que busca calificar al litio como “un área estratégica del Estado” y crear así un monopolio público en torno a su explotación, una medida que para expertos consultados permitiría al Estado tomar las riendas de la transición energética y consolidar un nuevo modelo en América Latina.

Con su propuesta, el Gobierno mexicano pretende que el sector público sea el único en explotar este metal estratégico, cuya relevancia creció en los últimos años por ser indispensable para la fabricación de acumuladores de energía eléctrica -como baterías-, claves para lograr una movilidad alternativa a las energías fósiles y un almacenamiento de fuentes renovables.

“Por su importancia para la Transición Energética, no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios”, reza la iniciativa enviada la semana pasada al Parlamento, que exceptúa a las “concesiones mineras ya otorgadas” con antecedentes de exploración avalados por las autoridades.

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Según datos de la Secretaría de Economía, en México hay 36 proyectos de litio, todos ellos financiados con capital extranjero y controlados por 10 empresas, en su mayoría pequeñas firmas canadienses que buscan generar interés en el mercado y captar inversionistas.

De ellas, “solo ocho han manifestado tener exploración y querer invertir en extraer el litio”, explicó López Obrador, al anunciar el proyecto.

“Tienen que probar estos trabajos de exploración y su capacidad para invertir y extraer el litio. Ahí sí se respeta (la concesión) por el tiempo que fue otorgada”, agregó.

El Gobierno precisó que solo una de esas compañías reúne estas características, pero aseguró que si las demás logran acreditarlas “estará vigente la concesión”.

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La sociedad que más ha avanzado es la británica Bacanora Lithium, propiedad del conglomerado chino Ganfeng Lithium, que posee tres concesiones en el estado norteño de Sonora y ha invertido 50 millones de dólares en estudios de viabilidad y una producción piloto.

Bacanora -en la extracción- y Gangfeng -en la elaboración de carbonato de litio- proyectan arrancar sus operaciones en 2023, con una producción para el primer año de 17.500 toneladas -ya comprometidas con la firma japonesa Hanwa-, lo que podría catapultar a México como uno de los mayores productores del mundo.

A nivel global, el litio se extrae principalmente en Sudamérica y Australia, mientras que China domina la cadena de suministro.

En base al último informe del Servicio Geológico estadounidense, México es el noveno país con mayores reservas de litio en millones de toneladas, con un total de 1,7, mientras que Bolivia (21), Argentina (19,3) y Chile (9,6) ocupan el podio.

“Argentina, Chile, México y Perú controlan alrededor del 67% de las reservas mundiales de litio y no es menor que estos cuatro países concentren más del 50% de un recurso que se está volviendo cada vez más estratégico y está en pugna con las principales potencias”, dijo a la agencia de noticias Télam el mexicano Aníbal García Fernández, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

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Para el especialista, la reforma impulsada por el Gobierno busca asegurar a las próximas generaciones la posibilidad de que sea el Estado, y no las empresas privadas, el que tenga la renta nacional de litio.

No obstante, señaló que para que el modelo sea exitoso el Estado no debería dedicarse exclusivamente a la extracción, como ha hecho en el pasado con otros minerales, sino también desarrollar las cadenas productivas necesarias que dejen valor agregado en el país. En la industria del litio, la capacidad tecnológica es la que marca la diferencia.

Un factor destacado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier: “No solo se trata de la extracción del litio, estamos buscando cómo diseñar un proyecto integral para que México se inserte exitosamente en una cadena de valor”, dijo en mayo, tras recibir asesoría del Gobierno boliviano.

Aunque para desarrollar este proyecto México está inspirándose en Bolivia -que en 2008 nacionalizó su industria-, su situación particular lo pone en ventaja con respecto a su vecino del Sur.

“México tiene un sistema de investigación e industrial y está al lado de Estados Unidos, con el que tiene mucho contacto de información y un tratado de libre comercio que le permite cierta fluidez en el intercambio de algunos insumos básicos”, destacó el investigador del Conicet Bruno Fornillo, en declaraciones a Télam.

“Cuenta con capacidades tecnológicas e industriales para desarrollar una industria de la transición energética, que no es estrictamente lo mismo que el litio, pero en algún punto es más importante”, explicó el también miembro del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para Fornillo, lo más interesante de la reforma mexicana es que no solo se centra en el litio, como fue el caso boliviano, sino que pretende resituar al Estado en relación a cierto dominio y control de la transición energética, es decir, opta por una transición energética popular frente a una corporativa.

La energía pasa de ser “una mercancía y un commodity” a “un bien común y estratégico para el bienestar de la población comandado por instancias públicas”.

A su juicio, esta medida tendría un impacto mayor en Argentina, el único país de la región que trata el litio como un mineral “ordinario” y no como recurso estratégico.

Esta reforma constitucional, que brindaría al litio el mismo estatus del que ya gozan el petróleo y la electricidad en México, debe ahora superar su paso por el Congreso, una tarea compleja, dado que el oficialismo perdió su mayoría calificada en las elecciones de junio.

Según García Fernández, al partido oficialista le faltan 53 votos en la Cámara Baja y dos en la alta, si se cuenta a sus 14 aliados.

“Va a depender de la correlación de fuerzas y de las alianzas que puedan tejer con los otros partidos”, concluyó y sentenció: “Apelando a estos tres años (de Gobierno), creo que sí tienen posibilidades”.

*Télam