Rosenkrantz renunció a sus expedientes como abogado
Uno de los juristas designados por el presidente Macri como juez de la Corte Suprema, abandonó los casos en los que trabajaba en su estudio de abogados y prefirió no formular declaraciones.
Según informaron fuentes del entorno más cercano de Rosenkrantz, el abogado de origen radical «se presentó esta mañana en el estudio BRYA (Bouzat, Rosenkrantz & Asociados) y renunció a todos los expedientes» en los que figuraba como patrocinante.
Rosenkrantz dio así un paso más en el marco de la adecuación a su nuevo rol como magistrado designado por decreto de la Corte Suprema, habiendo esta mañana sido oficializado tras la publicación en el Boletín Oficial, lo que abre formalmente el procedimiento fijado por el decreto 222/03, en el que se establecen audiencias públicas y la posibilidad de presentar impugnaciones contra los designados.
Las mismas fuentes salieron al cruce de las afirmaciones que sindicaban a Rosenkrantz como patrocinante del Grupo Clarín, y explicaron que quien «patrocinó a ese grupo fue el otro jefe del estudio jurídico, Gabriel Bouzat, quien estuvo presente en la audiencia ante la Corte Suprema» que mantuvieron en su momento representantes del gobierno y del multimedios.
Igualmente, admitieron que Rosenkrantz sí estuvo involucrado en la defensa del grupo Cablevisión pero pidieron recordar que «también defendió a la Argentina en el Ciadi y a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a principios de los ’90 cuando nadie quería hacerlo».
El estudio de abogados «no es una sociedad, sino un grupo de abogados que trabajan juntos» por lo cual Rosenkrantz no debe presentar una renuncia al mismo, sino que -como cualquier juez- entregará llegado el momento su matrícula para no ejercer más en forma privada.
«Rosenkrantz sabía hace tiempo que estaba en la lista de los que eran considerados por el Presidente pero supo a último momento el modo de la designación», aclararon.
Uno de los elegidos de Macri (el otro es Horacio Rosatti) militaba en La Coordinadora en los años ’80 junto a su amigo Bouzat en el grupo que lideraba Federico Storani, y aunque hoy aún mantiene su afiliación a la UCR, «no tiene un rol activo».
Por ahora, Rosenkrantz tiene decidido continuar como rector de la Universidad de San Andrés hasta que la Corte Suprema le tome juramento, y mantener un «bajo perfil» hasta que finalice el proceso determinado por el 222/03.
Ayer, algunos medios nacionales reseñaron que el estudio al que pertenece Rosenkrantz, presta asesoramiento jurídico a distintas empresas de primera línea entre la que se encuentran: YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.
Días pasados, en Santa Fe se aprobó un pedido de informe por parte de la Cámara Baja que interpelaba al ejecutivo provincial por haber realizado una contratación directa sin que medie una licitación y de la cual no se sabe el costo asumido por los santafesinos. El estudio contratado fue el del jurista propuesto por el actual presidente. El caso, fue la demanda que entabló el Estado provincial contra na Nación por las coparticipación federal.
El pliego de Carlos Rosenkrantz podría ser debatido por el Senado de la Nación una vez que empiece el período ordinario de sesiones, el 1 de marzo, a menos que el Poder Ejecutivo decrete la apertura de sesiones extraordinarias.
De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto 222/03 sobre nombramiento de integrantes de la Corte y del Reglamento de la cámara alta, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, tiene tres días hábiles para publicar en al menos dos diarios de circulación nacional el nombre y los antecedentes de los postulantes, que se cumplirían el viernes 18 de diciembre.