Tres represores fueron beneficiados judicialmente y el gobierno lo repudió
Juan Carlos Avena, Eduardo Emilio Kalinec y Luis Donocik, condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, fueron beneficiados con salidas transitorias y la Secretaría de Derechos Humanos se manifestó en contra.
- Info general
- Ene 29, 2022
Tres represores de la última dictadura militar fueron beneficiados con salidas transitorias y el gobierno de la Nación presidido por Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos en su rol de querellante, repudió la decisión judicial.
El ex penitenciario Juan Carlos Avena y los ex policías Eduardo Emilio Kalinec y Luis Donocik, todos condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, obtuvieron el pasado viernes una buena noticia de parte de la Sala de Casación integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Gemignani.
En el último día de la feria, previo a que se modifique la conformación de la Sala de Casación, los magistrados decidieron revocar la resolución del Tribunal Oral Federal que había denegado las salidas transitorias solicitadas por las defensas de los represores.
La Secretaría de Derechos Humanos, que en su rol de querellante en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo) se había opuesto a los planteos de Avena, Kalinec y Donocik, lamentó la decisión judicial y repudió el beneficio otorgado a los represores.
Ante la medida, el área conducida por Horacio Pietragalla Corti subrayó que el otorgamiento de las salidas transitorias genera «una controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los cuales los imputados fue juzgado y condenado».
Además, afirmó que la concesión del beneficio «se aparta sin fundamento alguno de las disposiciones de la denominada Ley de Víctimas (Ley 27.372)», por lo que «en virtud de ello, respecto de las salidas transitorias corresponde adoptar un criterio judicial, que extreme los recaudos para evitar las circunstancias que pudieran derivar en la impunidad cuando se juzgan delitos de lesa humanidad», añadió la Secretaría de Derechos Humanos.