Las provincias ante un nuevo escenario en las transferencias de recursos nacionales

Las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias presentaron en el primer bimestre un nuevo escenario, que podría consolidarse en el resto de 2022 y los años siguientes, con una mayor proporción de las denominadas «transferencias automáticas» y una paulatina reducción de las «discrecionales».

«El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé reducir las transferencias discrecionales y eso ya comenzó antes de su aprobación», dijo Marcelo Capello, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, en referencia a la baja del 16,7% en términos reales que registraron en el acumulado de enero y febrero.

Esa caída se produjo en el marco de un crecimiento de las transferencias totales del 2,6%, con un alza del 4,1% en el caso de las transferencias automáticas (básicamente las del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y compensaciones por el Consenso Fiscal), lo que permite configurar un esquema en el que estas últimas cobran una mayor preponderancia.

El fenómeno ocurrió antes de que se cerrara el acuerdo con el FMI, que entre sus disposiciones destaca, precisamente, la de «limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales».

De todos modos, Capello admitió que «es difícil que en un país no exista algún margen para la existencia de transferencias discrecionales», ante el surgimiento de circunstancias imprevistas, como fue el caso de la sequía y los incendios en Corrientes, que con un aumento interanual real del 42,6% fue la segunda provincia en cuanto a los incrementos porcentuales respecto del primer bimestre de 2021, solamente superada por Tierra del Fuego.

Esa situación, además, relativiza la idea dominante de supuestos favoritismos políticos en la asignación de transferencias discrecionales, muy en boga en la década de los ’90 del siglo pasado, debido a la proporción que había alcanzado La Rioja como destino de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) durante la Presidencia de Carlos Menem.

Pero más allá de esos casos específicos, la reducción del peso de los giros discrecionales sobre el total de recursos distribuidos por la Nación entre los 24 distritos es vista con buenos ojos por Capello, para quien «si ese margen es elevado, genera dependencia de algunas provincias hacia el poder central».

«Su existencia genera, además, excesiva actividad de búsqueda de rentas por parte de los funcionarios provinciales, a muchos de los cuales les reditúa más gestionar ayudas que sus propios recursos, que además generan costos políticos al aplicarlos», completó.

Por su carácter discrecional, la distribución de esos recursos dista de ser homogénea y es a la vez una fuente de reclamos cruzados entre las jurisdicciones.

Por ejemplo, en 2021 representaron el 6,6% de los ingresos totales de los 24 distritos, pero en el caso de La Rioja alcanzaron al 21,6%, nueve veces más que el 2,4% de Mendoza, ubicada en el otro extremo.

Con el concepto de «transferencias discrecionales» se engloba a aquellos recursos que las provincias reciben del Gobierno Nacional, y que no se encuentran reglados por una ley que exponga criterios objetivos de distribución y por ende son decididas por los funcionarios del poder central.

Por el contrario, las automáticas tienen establecidos los criterios de distribución, como en el caso de la ley 23.548 de Coparticipación y sus modificatorias.

En el caso de las transferencias discrecionales, en el primer bimestre se giraron $8.623,6 millones por financiamiento de Cajas Previsionales provinciales no transferidas a la Nación (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, La Pampa y Santa Fe) y $6.969,9 millones por «Asistencia Financiera a Provincias» (La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero).

Asimismo, la provincia de Buenos Aires recibió $13.626,7 en enero y febrero por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la Ciudad $6.902,7 millones por la «Reglamentación Ley N°27.606», que refiere a la transferencia de los servicios de la Policía Federal.

El total de transferencias discrecionales del primer bimestre fue de $ 46.197 millones, equivalentes al 5,9% del total, un porcentaje menor en comparación con el de años anteriores, en los que llegaron a superar el 10%.

Para Capello, la solución que elimine o al menos reduzca al mínimo la discrecionalidad en las transferencias pasa por la demorada sanción de una nueva ley de Coparticipación, «si es que ocurre algún día», luego de 25 años de vencido el plazo fijado en la reforma constitucional de 1994.

Con una ley de Coparticipación que data de hace cuatro años, «al desactualizarse los coeficientes de distribución, es más probable que la Nación deba compensar discrecionalmente a algunas jurisdicciones», señaló.

Una nueva ley, agregó, «debería bajar el perfil de las transferencias fiscales, especialmente las discrecionales, aumentando la autonomía financiera de las provincias, incrementando sus potestades de recaudar».

En ese marco, el margen de «coparticipación residual» debería usarse para «nivelar fiscalmente a las provincias, en forma más racional, bajando la libre disponibilidad de las transferencias y aumentando las que tienen destino específico, dirigiéndolas a la educación, salud e infraestructura», finalizó.