Petroquímica Bermúdez: se reabrió la causa por contaminación
El 16 de marzo de 2022 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Taselli, Gallego, Serjal y Luzzini, en contra de la resolución del Juez Gazza. A partir de esta decisión, los Fiscales podrán avanzar con la investigación e imputación de los dueños de la empresa.
Por Alejandro Maidana
Petroquímica Bermúdez, llamada Electroclor tiempo atrás, se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta (en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno) y la nombró Petroquímica Bermúdez. Quince años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral, el cual terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico. Si bien Tasselli se hizo cargo del pasivo de la empresa (vaya a saber uno para qué) los mismos eran residuos altamente contaminantes y peligrosos.
El Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe no tardó en exigirle “un cierre seguro” de la planta en cuestión, cabe destacar que el incumplimiento se transformó en moneda corriente, situación que desembocaría en una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, más precisamente en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
El 16 de marzo de 2022 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Taselli, Gallego, Serjal y Luzzini, en contra de la resolución del Juez Gazza. A partir de esta decisión, los Fiscales podrán avanzar con la investigación e imputación de los dueños de la empresa, por el delito de grave contaminación ambiental producida por la empresa Petroquímica Bermúdez.
En octubre pasado el Juez Carlos Gazza, resolvió la reapertura de la causa por contaminación que enfrentan los empresarios y que en 2019 había sido cerrada por un entramado de corrupción que involucró a varios actores, entre ellos al fiscal regional de Rosario por ese entonces, Patricio Serjal, hoy detenido por la causa del juego clandestino.
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A partir de esta decisión, los Fiscales podrán avanzar con la investigación e imputación de los dueños de la empresa, por el delito de grave contaminación ambiental producida por la empresa Petroquímica Bermúdez.
En el reciente fallo se hace mención a todos los Convenios Internacionales en materia Ambiental ratificados por nuestro país, lo cual demuestra que las cuestiones ambientales están teniendo un lugar y visión mucho más amplia en toda la región. Para conocer los detalles de una causa que se reabre, Conclusión dialogó con Cecilia Bianco, miembro del Taller Ecologista y referente del área de Tóxicos. “Este fallo lo que hace pensar es que existen posibilidades de que el predio sea remediado. Tenemos que hablar de remediación ya que determinamos ante diferentes análisis, que el suelo y las aguas freáticas, el lindano, un insecticida, un contaminante orgánico persistente, como también mercurio y otras sustancias, fueron encontrados producto de las actividades que allí se realizaron. Cabe destacar que también se encontró tricloroetleno en las napas freáticas de aguas subterráneas, y tetracloroetileno solo para mencionar las sustancias allí presentes”, indicó.
Los responsables de esta empresa no solo estuvieron proveyendo de cloro a la empresa Celulosa para que ellos realizaron el blanqueo del papel, sino que también tenían sus propios productos. “Con el paso del tiempo comenzaron a conocerse los efectos negativos de los mismos, dañinos para la salud y el medioambiente, y junto a ellos las prohibiciones. Todo esto termina con el cierre de la empresa, entendemos que porque su principal cliente, Celulosa, les dejó de comprar cloro, pero esto es motivo de otro análisis. Es allí cuando la empresa, si bien tuvo inspecciones recurrentes de la provincia, nunca cumplió con lo requerido, desde el plan de cierre al tratamiento de los residuos, en fin, algo ordenado como ameritaba la situación. Vale aclarar que esto no se trataba de un protocolo de actuación, sino de una ley que existe a nivel provincial”.
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Cuando la situación pasa a mayores debido a una contaminación por gas cloro que llega a la empresa Celulosa en el año 2016, derivó en un gran impacto para la salud de los trabajadores, situación que impulsó que los expedientes de Petroquímica comenzaran nuevamente a moverse. “Fiscalía de estado recibe dos denuncias, una a nivel civil y otra a nivel penal. La situación es que en la actualidad el predio no tiene ninguna actividad de remedición, porque el convenio que fue presentado en su momento por esta empresa, y que fuese aceptado por la provincia y el ministerio de ambiente, fue incumplido empujando un cese de esas actividades hasta que se ponga en orden lo que la justicia exige a nivel civil. Adeudan la remediación de suelo, de napas, de los edificios que se encuentran en mal estado, lo único que se ha cumplido de ese convenia es la desgasificación de 200 bombonas, pero aún quedan por resolver y responder ante la justicia y la provincia, el paradero de 800 bombonas que en su momento habían sido inventariadas por la misma empresa”.
Quién también acercó su visión y análisis sobre la situación judicial de la Petroquímica Bermúdez, fue la abogada Florencia Sívori, integrante del Taller Ecologista en la problemática de delitos ambientales. “Con la resolución judicial de la Cámara Penal de Rosario, se confirma que la parte de los imputados (Taselli, Gallego, Serjal y Luzzini) que habían apelado la resolución del juez Carlos Gazza, serán investigados. En este momento, por un criterio de oportunidad, en base a la remediación que pretendían lograr del predio Petroquímica, y siendo que lo importante se encontraba en la sede civil, y no en la persecución penal. Cuando cambian la fiscalía por el caso que involucra a Patricio Serjal, aparece la doctora Iribarren, y lo que ven son las explícitas irregularidades solicitando la nulidad”.
El juez Carlos Gazza declara nula aquella decisión de Tutau, y lo que la Cámara hace es reafirmar esa resolución, a menos que los defensores apelen ante la Corte. “De no suceder esto, se reabriría la causa para investigar la presunta comisión de delito de contaminación, imputándoselo a Taselli, Gallego, Serjal y Luzzini, por las omisiones y no por el delito. Si bien el fallo es netamente penal, hay mención de cuestiones ambientales de convenciones y tratados firmados por Argentina, por ello es fundamental que se reanude la investigación”, concluyó Sivori.