Una Constitución Provincial contra privilegios políticos y negacionismo: Ciudad Futura presentó su proyecto de reforma

Por Lautaro Zeballos

El bloque Ciudad Futura presentó formalmente su proyecto de reforma de la Constitución Provincial y ya son ocho los textos que instan a modificar la Carta Magna santafesina. En este caso, la iniciativa busca incorporar el derecho a una asignación universal alimentaria, el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular y la obligatoriedad estatal de integración sociourbana. También propone avanzar hacia un sistema legislativo unicameral, fijar límites a los salarios de los políticos y prohibir las acciones que nieguen los delitos de lesa humanidad, entre otros puntos.

La legisladora provincial Dámaris Pacchiotti ingresó el texto a la Legislatura santafesina esta semana y sumó así el octavo proyecto de reforma constitucional presentado en el transcurso del 2022. Los otros corresponden al Partido Socialista (PS), Nicolás Mayoráz (Vida y Familia), Lucila De Ponti (PJ), Luis Rubeo (PJ), Gabriel Real (PDP), Alejandro Boscarol (UCR-Juntos por el Cambio) y al bloque de Igualdad y Participación que integran Rubén Giustiniani y Agustina Donnet.

Entre los diferentes textos aparecen puntos de encuentro, como la ampliación del periodo de sesiones ordinarias (actualmente va del 1º de mayo al 31 de octubre) y la habilitación del voto a partir de los 16 años, pero también cada uno cuenta con características específicas. El de Ciudad Futura pone énfasis en la necesidad de discutir la organización del poder en la provincia de Santa Fe, con foco en la estructura y el alcance de sus instituciones.

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En ese marco, el proyecto de reforma presentado por el bloque propone avanzar hacia la unicameralidad del Poder Legislativo, con integrantes que tengan mandato de cuatro años con limitación de reelección por un solo periodo. Los mismos además tendrían obligación de acreditar residencia real y efectiva en el territorio santafesino y no contarían con «fueros legislativos que eviten la sujeción al proceso penal». Dicha protección legal quedaría adecuada a lo establecido en la Constitución Nacional.

«Si queremos avanzar en la concreción de nuevos derechos, es necesario abrir una discusión vinculada a la organización del poder. El contexto de pospandemia marca diferentes colapsos, uno de ellos es la crisis de representatividad. Es indispensable que debatamos sobre las instituciones que nos trajeron hasta acá», señaló la diputada provincial Dámaris Pacchiotti, autora del texto, en declaraciones a Conclusión.

ANTICUERPOS

En esa línea, la propuesta ingresada por Ciudad Futura incluye un artículo que apunta a «reducir los privilegios políticos» a partir de la limitación de los salarios de todo aquel que sea funcionario u ocupe un cargo público electivo. Estas personas también tendrían prohibido gozar de exenciones en el pago de impuestos y deberían presentar regularmente declaraciones juradas.

Los límites salariales que se establecerían no están precisados en el texto legislativo, pero la autora ejemplificó que tal vez podría tomarse como criterio una cantidad de Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). La medida, explica Pacchiotti, tiene como fin configurar anticuerpos. «Es para no convertirnos en una casta política. Somos gente común con vocación para transformar la realidad, no nos podemos alejar de lo que cobra como salario un trabajador de nuestra provincia», detalló,  al tiempo que recordó que el bloque de concejales rosarinos de Ciudad Futura impulsó una reducción salarial del 30%, aprobada a finales de 2019 en el Palacio Vasallo.

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La idea de contraer anticuerpos no se reduce a la cuestión salarial. Está añadido un punto que brega por una Constitución que no vuelva a quedar presa del tiempo en el que fue redactada. Allí se plantea fijar la obligatoriedad de la reforma constitucional cada 30 años para que cada generación pueda definir las modificaciones y actualizaciones que considere pertinentes sobre el sistema de gobierno y sus derechos y obligaciones.

Sin embargo, transformar el presente y proyectar el futuro no significa olvidar el pasado. El proyecto presentado por Pacchiotti procura “prohibir toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad”.

«Nos parece importantísimo reflejar todo el recorrido que hemos tenido en derechos humanos y juicios de lesa humanidad, por eso lo incluimos como materia de reforma», contó la diputada provincial en dialogo con este medio.

PUNTO POR PUNTO, DERECHO POR DERECHO

Respecto a actualizaciones, cabe destacar que la iniciativa sugiere incorporar la figura del trabajador autogestivo y de la economía popular, solidaria y asociativa, a la vez que reconoce las empresas sociales cooperativas y mutuales e incluye otros encadenamientos de producción.

El plano económico no está separado del social. El artículo 5 del proyecto busca que el proceso reformista incluya en la discusión criterios de progresividad redistributiva, con el objetivo de priorizar una estructura tributaria que grave la renta, el patrimonio y las ganancias en vez de una que ponga mayor carga sobre impuestos al consumo o que afecten al salario.

En otro punto, el texto tracciona por la incorporación de principios de acceso a la información pública, una legislación que consiguió casi una decena de veces la aprobación de la Cámara de Diputados provincial pero nunca logró el tratamiento del Senado.

Por otra parte, el bloque de Ciudad Futura quiere que la nueva Constitución Provincial contemple al alimento como un bien público garantizado por el Estado. De esta manera, la asignación universal alimentaria pasaría a estar incluida como derecho humano, así se garantizaría el acceso regular y permanente a alimentos de calidad y en cantidad suficiente.

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La propuesta además apunta a que quede establecida la neutralidad religiosa (el artículo 3 de la Constitución actual dice que la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana), la igualdad de derechos entre varones, mujeres y disidencias y la obligatoriedad estatal de integración sociourbana, con acciones que garanticen el acceso a servicios y mejoren conectividad e infraestructura.

AUTONOMÍA MUNICIPAL

Un punto de encuentro entre varios de los proyectos de reforma ingresados en la Legislatura es el vinculado a la autonomía municipal. El contexto parece favorable para pugnar por avances en ese sentido. Tras varios impulsos a este debate, incluidas dos audiencias públicas -una de ellas con lugar en la Facultad de Derecho de Rosario en abril pasado y otra en el recinto de Diputados la última semana-, el tema está en agenda. El gobernador Omar Perotti manifestó días atrás su «decisión política» de ir por la autonomía.

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El partido Ciudad Futura, con prácticas militantes asociadas al municipalismo, considera que esta discusión es prioritaria. Por eso sumó al proyecto de reforma un ítem dedicado a este tema, a los fines de facultar a los Estados Municipales para que puedan dictar su propia carta orgánica y sistema de gobierno en el caso que opten sancionarlos. También añade la figura de viceintendente/a y fija la renovación del Concejo Municipal cada cuatro años, con reelecciones por igual periodo.

“Estas atribuciones las tienen que tener todos los municipios de Santa Fe, no solo los grandes. Cada grupo poblacional debe tener la posibilidad de darse sus propias instituciones”, resaltó la autora de la propuesta.

Según el sistema de expedientes de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el proyecto de Pacchiotti pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pasado viernes y comenzará a debatirse en ese mismo ámbito el próximo miércoles.