«El sistema financiero, el judicial, la policía y la política son permeables al crimen organizado»

Los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Schiappa Pietra y Matías Edery remarcaron que hay una relación directa entre la política, la policía y el sistema judicial con los narcotraficantes.

Edery aseguró que «el sistema financiero, el sistema judicial, la policía y la política son permeables al crimen organizado» y sostuvo que «lo más importante por comprender es el vínculo entre el narco y la política».

«No hay que entenderlo como el método burdo de un narco llevando una valija o un bolso lleno de dinero al político. Existen un montón de situaciones más sutiles, como por ejemplo, no preguntar de donde proviene el dinero para financiar las campañas políticas. Y, provienen de organizaciones criminales.

«Existen un montón de relaciones porque el dinero que manejan las organizaciones criminales es muy grande», indicó el trabajador judicial.

Asimismo, añadió: «En barrios humildes llegan a manejar la ayuda social. Los que manejan la ayuda social en barrios de Rosario, con un 50 por ciento de personas pobres, son narcos y luego reclutan pibes para realizar trabajos sucios que administran bunkers o se convierten en sicarios y en dominadores de la gente del barrio, cuestión que complica mucho las investigaciones».

Por su parte, el fiscal Schiappa Pietra señaló: «Lo que buena parte de las investigaciones han podido demostrar cuando hablamos de crimen organizado es que hay mercados ilícitos muy grandes que generan mucho dinero y que funcionan al margen de la legalidad y de la capacidad de contención del Estado».

«En nuestras investigaciones dimos cuenta de la cuestión. Hay gente que compra y vende dólares para adquirir marihuana, cocaína y muchos estupefacientes se compran en dólares y se crea un circuito de financieras ilegales. Esto pasa luego al negocio de la construcción y, por estos hechos de lavado, ya hay personas condenadas», precisó.

Además, afirmó que «en los juicios a Los Monos y al clan Alvarado hay implicaciones comprobadas de efectivos policiales trabajando para una u otra banda y de esa manera los mercados ilegales continuaron sus actividades».

Rosario promedia más de 200 muertes violentas por año y las estadísticas se dejan atrás cada vez con mayor asiduidad.

Estos dos fiscales lograron condenar a los cabecillas de la banda conocida como «Los Monos» y al narco Esteban Lindor Alvarado.

En diálogo virtual con periodistas que integran la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), los fiscales fueron contundentes a la hora de esclarecer el origen de la violencia en Rosario.

«Lo primero que debemos explicar es que las variables delictivas vinculadas con los homicidios que representan los casos más preocupantes de los últimos meses no se explican solamente por el narcotráfico sino, además, por otros tipos de actividades ilícitas», explicó Schiappa Pietra.

En tanto, Edery graficó el accionar de los fiscales a la hora de investigar: «Intentamos unificar las investigaciones de las organizaciones criminales y conocer cuáles son sus relaciones policiales, financieras y políticas. La violencia actual, que ha generado muchas víctimas que se encuentran con el fuego cruzado de bandas armadas, se debe en gran parte al problema de la desorganización del crimen en Rosario.

«O sea, no hay un crimen organizado sino atomizado. Está tan atomizada la situación con tantos grupos mafiosos diferentes y las peleas son tan diferentes y usuales que causan violencia y los encargados de encontrar una solución a este problema no llegan a encontrarla», añadió.

Con los crímenes de distintos cabecillas de capos narcos para disputarse el poder de la banda «se generó una fragmentación de las bandas de narcomenudeo en Rosario a las que se incorporaron como un actor fundamental en el negocio elementos de las fuerzas de seguridad».

«Desde el 2015, la red de Alvarado con la policía y la política ya estaba presente mientras se desarrollaba el juicio a Los Monos», añadió Schiappa Pietra.

Los beneficios por las rentas ilícitas generaron investigaciones de los fiscales que los llevó a acusar a su propio jefe, el ex fiscal regional Patricio Serjal, por permitir, junto a una poderosa estructura, el juego clandestino en parte de Santa Fe.

Por esa investigación se llegó hasta el senador provincial Armando Traferri, que ellos mismos investigaron, ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincia por supuestas «escuchas ilegales» a él.

Traferri había sido involucrado por el empresario del juego Leonardo Peiti que señaló al senador por el supuesto cobro de una coima.

Las presiones sobre los fiscales son inmensas y la Legislatura tiene un régimen disciplinario que permite remover a fiscales por presunto mal desempeño.

Schiappa Pietra relató que «la vicegobernadora Alejandra Rodenas le envió un escrito al juez Carlos Leiva que sigue las actuaciones judiciales del caso para que no avance contra el senador Traferri», provocando un escándalo político que terminó de dinamitar la relación entre el gobernador Omar Perotti y su número dos.

Traferri seguirá sospechado porque el 27 de julio la comisión bicameral que tiene la facultad legal de revisar las actuaciones de fiscales y defensores no lo hará con quienes pidieron el desafuero del senador justicialista por San Lorenzo.

Para el fiscal Edery, «la solución de estos temas requiere de un respuesta política e institucional».

«Vivimos en una sociedad muy violenta y en la actualidad hay pibes que cometen delitos para algunas bandas porque les reditúa económicamente y en términos sociales porque les da reconocimiento. La ausencia en el barrio de una escuela, de un dispensario, de bases sociales, durante unos quince años, genera un arrastre que tiene consecuencias de esta naturaleza», concluyó.