Desarticulan empresas que realizaban maniobras de contrabando de granos y fuga de divisas
Las “cerealeras” facturaron 51 millones de dólares en exportaciones y sólo ingresaron al país 3 millones. Además, crearon 20 empresas fantasmas en la Argentina y otras 5 sociedades en el exterior.
Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales en forma conjunta con la Dirección General de Aduanas detectaron que cerca de 15 empresas truchas con 51 millones de dólares en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- sólo ingresaron al país 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.
La detección se dio tras un mega operativo en varias provincias del país donde se logró desarticular por completo una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasmas.
La causa comenzó en el mes de julio de este año, a raíz de una serie de denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 2 del Dr. Agustín Ocampo, donde daba cuenta que existía un grupo de empresas fantasmas que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) que luego vendían al exterior mediante técnicas de triangulación generando facturaciones millonarias en los últimos dos años, sin poder acreditar solvencia para ello.
Con los datos aportados, los investigadores, realizaron una exhaustiva pesquisa que permitió dar con los presuntos autores e integrantes de la banda criminal entre los que se destacan al menos 15 profesionales (contadores, despachantes de aduana y licenciados en comercio exterior) y otras 15 personas (de bajos recursos) que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades.
También se descubrió que los involucrados crearon 20 empresas fantasmas en la Argentina y otras 5 sociedades en el exterior (USA, Hong Kong, España) para realizar las triangulaciones que alcanzaron montos supriores a los 51 millones de dólares sin liquidar, es decir, dinero que nunca ingresó al país, o si lo hizo, fue por el mercado paralelo.
A raíz de ello el magistrado interventor dispuso la realización de 64 allanamientos en el AMBA, interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén donde se logró el secuestro de gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa caratulada como «Contrabando y Asociación ilícita».