Francia se prepara para una nueva jornada de huelga mientras aumenta el descontento social

Francia se prepara para vivir este martes una nueva jornada de huelga, sobre todo en los transportes, para reclamar un alza salarial en pleno descontento social tras tres semanas de una huelga en las refinerías que provoca desabastecimiento de combustible en el país.

Convocados por cuatro sindicatos, los franceses están llamados a un paro generalizado, que servirá como indicador del margen de maniobra del presidente Emmanuel Macron para aprobar su presupuesto para 2023 y su polémica reforma de las pensiones.

«La semana de fuego para el Gobierno», tituló este lunes el diario vespertino Le Monde.

Durante la mañana de este lunes el ministro de Economía, Bruno Le Maire, elevó el tono y aseguró que «el tiempo de la negociación terminó» en el pulso en el sector de las refinerías.

A fines de septiembre pasado, los trabajadores de Esso-ExxonMobil y TotalEnergies iniciaron una huelga para pedir un incremento salarial, en un contexto de inflación, del 6,2 % el mes pasado, según el índice armonizado europeo, y de «superbeneficios» de los gigantes energéticos.

Aunque los primeros suspendieron su acción tras un acuerdo con la empresa estadounidense, los empleados de TotalEnergies recondujeron hoy su paro, que afecta a cuatro refinerías -una de ellas fuera de servicio por razones técnicas- y cinco depósitos.

Los huelguistas consideran insuficiente el alza del 7 % del sueldo en 2023, acompañada de 3.000 a 6.000 euros de primas (2.925 a 5.850 dólares), pactado el viernes pasado por la empresa francesa y los sindicatos CFDT y CFE-CGC, que reúnen el 56% de representación.

«Hay que liberar los depósitos de combustible, las refinerías que están bloqueadas», aseguró Le Maire en la cadena BFMTV.

Poco después de la declaración del ministro de Economía, su par de Transición Energética, Agnes Pannier-Runncher, anunció la requisa del personal de un segundo depósito de combustible de TotalEnergies para paliar el desabastecimiento.

Alrededor de un tercio de las estaciones de servicio del país sufren problemas de abastecimiento, especialmente alrededor de París y en el norte del país, donde varios camiones esperan para rellenar sus tanques y la escasez provoca inconvenientes para llegar al trabajo y preocupa sobre la cosecha en zonas rurales y la anulación del período de vacaciones.

Aunque las reivindicaciones son sectoriales, el eco de sus reclamos resuenan en Francia, donde ayer 140.000 personas, según la organización, y 30.000, según la policía, participaron en una marcha «contra la vida cara», convocada por la oposición de izquierdas.

«Vamos a tener una semana como no se ve muy a menudo», dijo el líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, anticipándose a la marcha como un preludio del paro generalizado convocado el martes por cuatro sindicatos, entre ellos la CGT.

El ministro de Transportes, Clément Beaune, evaluó en la radio France Inter que la huelga podría provocar la anulación de la mitad de trenes en algunas regiones. La empresa de transportes SNCF debe ofrecer sus estimaciones durante la tarde.

En la región de París, donde muchos trabajadores dependen del transporte público, la empresa gestora de la red RATP avanzó un tráfico «casi normal» en metros, tranvías y trenes de cercanías, y un mayor impacto en los autobuses urbanos.

La movilización se produce cuando el Gobierno debe decidir si recurre a un controvertido mecanismo parlamentario, conocido como 49.3, que le permitiría aprobar sin someter a votación su presupuesto de 2023, actualmente debatido en la Asamblea Nacional.

Macron, que perdió en junio pasado la mayoría absoluta en la Cámara baja, corre el riesgo de reforzar su imagen de presidente «autoritario» si recurre a este método, que el Gobierno también podría aplicar para sacar adelante su reforma de las pensiones.

El dirigente liberal, que tras su reelección en abril prometió que cambiaría su forma de gobernar, advirtió incluso, a través de su ministro de Trabajo, que disolverá la Asamblea si los diputados no aprueban el retraso de la jubilación de 62 a 65 años.

El primer intento de aprobar esta medida se saldó en 2019 y 2020 con protestas masivas en Francia y el rechazo frontal de los sindicatos, a los que se suma ahora también la oposición de los diputados de izquierdas y de extrema derecha.