La Comisión de Seguimiento del caso Vicentin viaja a reunirse con la presidenta del Banco Nación
Los diputados provinciales que integran el equipo de trabajo legislativo buscan "saber cuál es el plan" de la entidad bancaria ante la problemática de la firma agroexportadora.
Los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin viajaron este lunes a Buenos Aires para reunirse con la nueva directora del Banco Nación, Silvina Batakis, y conocer cuál será la estrategia que desplegará la entidad para recuperar el dinero que le debe la agroexportadora.
«Queremos saber su plan sobre Vicentin», anticiparon los diputados que componen el espacio de trabajo legislativo, antes del encuentro que se desarrollará este mediodía en territorio bonaerense.
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Los miembros de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin ratificaron que trabajan con tres objetivos firmes: «Defender los puestos laborales; sostener la defensa de la soberanía en el comercio exterior; y recuperar los 791 millones de dólares fugados por este consorcio a guaridas fiscales».
La visita de este viernes a Buenos Aires responde a la necesidad de conocer la mirada de Silvina Batakis en torno al conflicto en el que está envuelto la firma agroexportadora, sobre todo por los cambios de autoridades que registró la entidad a inicios de agosto, que incluyeron la salida de Claudio Lozano, uno de los directores de mayor compromiso con la causa.
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Desde la Comisión de Seguimiento reclaman hace tiempo una postura más activa por parte de las autoridades nacionales y provinciales, a quienes les piden avanzar en una «salida política» ante una problemática que tiene a un actor protagónico de la economía local y nacional en el centro de la escena. Según entienden, de momento el caso solo es afrontado por vías judiciales.
En esa sintonía, el pasado lunes iniciaron las indagatorias a directivos y exdirectivos de la firma Vicentin, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por la presunta comisión de maniobras fraudulentas con facturas apócrifas, con un perjuicio al Estado estimado en alrededor de 140 millones de pesos.