Todos los detalles del proceso de juicio político a la Corte y las repercusiones ante la iniciativa
Se trata del método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país, pero solo aplica ante causales específicos y con sanciones que no llegan al terreno judicial.
El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que convocará a los gobernadores para impulsar el juicio político contra la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones.
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti», afirmó el mandatario a través de una carta, que difundió la Casa Rosada.
Además agregó que también requerirán «que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».
El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
En su carta, Fernández, aseveró: «Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».
Y sostuvo que es su deber «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
Además, Fernández afirmó que en los últimos meses se ha visto «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina» y aseguró «diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia».
«Los diálogos -acentuó- entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado».
¿Qué es el juicio político?
El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está cargo del Congreso y solo implementarse contra el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que la remoción de cualquiera de los jueces con rango inferior a los de la CSJN está -desde la reforma constitucional de 1994- a cargo del Consejo de la Magistratura.
Estos casos no se tratan de un proceso judicial sino de uno de carácter estrictamente político, así que las consecuencias llegan a ese terreno.
La Constitución Nacional establece en su artículo 60 que «el fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación». En caso de que exista alguna responsabilidad penal, las personas señaladas quedarían a cargo de los tribunales ordinarios.
El artículo 60 de la Constitución Nacional.
Causales de juicio político
Existen tres causales de juicio político:
1-Mal desempeño de las funciones.
2-La consumación de un delito en ejercicio de sus funciones.
3-Crímenes comunes.
Dentro de este paquete de posibilidades, el mal desempeño de sus funciones aparece como causal subjetiva, así que se presenta como el puente de mayor accesibilidad para llegar a la destitución de un funcionario.
Procedimiento
El proceso, según fija la CN, transcurre en el Congreso e inicia en la Cámara de Diputados. Allí cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, para que luego sea analizado por la Comisión de Juicio Político -que hoy tiene a Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos) como presidenta y a Juan Manuel López (Coalición Cívica-Buenos Aires) como vice-.
Si este grupo de legisladores considera que la presentación es admisible, pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, lo que incluye la declaración del imputado.
Una vez finalizada la investigación, es necesario que se emita un dictamen, que tiene que aprobarse por mayoría simple, para que comience el juicio político o se desestime.
Luego, una vez en el recinto, para que la Cámara baja se transforme en acusadora, hacen falta los dos tercios de los votos. Alcanzando ese número -que requiere un amplio consenso entre los espacios con representación legislativa- la Cámara elige a uno o dos diputados que tendrán a cargo la presentación de la acusación ante el Senado, que pasa a ser el encargado de resolver el caso. Ahí, para lograr la destitución se necesitan los votos de los dos tercios de los senadores presentes.
Estos procedimientos tienen como antecedente el juicio político de 1947, cuando cayó la Corte por impulso de Juan Domingo Perón bajo el argumento de que los integrantes del máximo tribunal habían tenido responsabilidad en el período denominado como «década infame».
Otro caso fue al inicio del primer mandato de Néstor Kirchner, que presentó el juicio político a 5 de los 9 miembros de la Corte de la «mayoría automática» que había configurado Carlos Menem: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano. Nazareno, López y Vázquez incluso presentaron la renuncia antes de que concluya el proceso y así evitaron su destitución.
Repercusiones
El anuncio del presidente Alberto Fernández generó reacciones de distintos dirigentes del arco político nacional. Desde el oficialismo no dudaron en mostrar el acompañamiento a la iniciativa, mientras que la oposición de derecha salió a cruzar duramente al mandatario, a quien llegaron a plantearle que debe ser él el destituido.
La senadora bonaerense del Frente de Todos, Teresa Rodríguez, consideró este lunes «auspicioso» que el presidente impulse un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ya que, advirtió, «no se puede construir una institucionalidad seria cuando tenemos a un señor que cree que es un emperador».
«Es auspicioso que se ponga la máxima institucionalidad encima de este tema, esto instala el debate de la máxima institucionalidad del país que es el presidente de la Nación, de alguna manera resistiendo y defendiéndose de los embates que está teniendo la Corte sobre el resto de los poderes», dijo la legisladora en diálogo con El Destape Radio.
Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, presidente del bloque de la UCR e integrante de la Comisión de Juicio Político en la Cámara baja, Mario Negri, sostuvo que «Alberto Fernández en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos».
«Amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con CFK y buscar impunidad», indicó a través de Twitter.
Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al Presidente de la CSJN con un juicio político que NO va a prosperar porque NO tiene los votos.
Un apriete infame para congraciarse con CFK y buscar impunidad.— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 1, 2023
El legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, opinó en la misma línea y afirmó que «el que está más cerca de un juicio político es el mamarracho que tenemos de presidente».