El Gobierno de Santa Fe denunció a la ONG Grávida por impedir abortar a una ñiña
La denuncia fue radicada a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
El Gobierno de Santa Fe denunció y pondrá a disposición de la Justicia toda la información que dispone del caso en el que la ONG Grávida «intentó impedir su derecho a decidir» sobre la práctica de un aborto a una niña de 12 años abusada por su padre.
Mediante un comunicado, la Casa Gris indicó que «desde las áreas del Estado intervinientes presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas)». Se trata de la presunta violación de los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal de Santa Fe y en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Provincial número 12.967.
El Gobierno «presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada, en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida».
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La Provincia pidió a la Justicia «que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron» en los hechos. «La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes», añadieron en el escrito.
Además, sostuvieron que «la estrategia se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.
“Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal contra la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones, obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”, añadió la denuncia.
Para el Gobierno, «será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación».
«Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que, de manera explícita, se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo -de ese modo- el ejercicio de los derechos de una niña», concluyeron.