Tabacalera Bronway: cómo nació el conflicto y de qué forma se gestó la solución

El conflicto que paralizó a la tabacalera Bronway expuso varios temas que merecen no pasar desapercibidos: el tratamiento desigual entre empresas nacionales y extranjeras; la distancia entre los tiempos del Poder Judicial y las urgencias de los trabajadores; y los resultados fructíferos de la unidad de empleados y directivos para llevar adelante el reclamo, son solo algunos de ellos. Cada arista de esta problemática, que derivó en reiteradas manifestaciones frente a los Tribunales Federales de Entre Ríos al 400, tiene su grado de complejidad, por eso Conclusión dialogó directamente con el abogado de la empresa, Juan Manuel De Iparraguirre, para conocer a fondo los detalles.

La tabacalera consiguió en plena feria judicial que la Cámara Federal de Apelaciones local le brinde las condiciones necesarias para poder volver a producir desde esta semana. Es que, tras varios reclamos, la Justicia redujo la contracautela dispuesta originariamente a 90.000.000 pesos, un número que la firma podrá afrontar y así conseguir que la AFIP le entregue las estampillas que requieren los atados de cigarrillos para ser despachados.

«Para que se habilite la feria, tienen que darse determinadas condiciones. Acá había una urgencia muy evidente, que era que hace 15 días que la tabacalera Bronway estaba cerrada porque no se le están entregando lo que se llama instrumentos fiscales de control, que son las estampillas que llevan los atados de cigarrillos para poder ser despachados a plaza una vez que han sido fabricados», indicó De Iparraguirre ante este medio.

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Al momento de repasar cuál fue la base que dio origen al conflicto, el abogado tuvo que retrotraerse algunos años y explicar cómo traccionó el poder de las grandes firmas del sector para fijar condiciones privilegiadas.

«Para que lo pueda entender cualquiera: las tabacaleras históricamente, o a partir de determinadas época, venían pagando el 75% -porque los cigarrillos tienen una gran carga tributaria- de impuestos internos. A finales del año 2017, por la ley 27.430 (conocida como Ley Massalin -por la multinacional Massalin Particulares-), las grandes tabacaleras pasaron a pagar el 70% de ese 75%», repasó el abogado.

Y continuó: «Cuando se modificó esa ley, las multinacionales hicieron lobby para que a las nacionales, que estaban ganando terreno porque tenían venta de cigarrillos de precio bajo, les crean un impuesto mínimo, fijo y actualizable, que es superior al precio de venta. Con eso se eliminaba directamente a las pymes nacionales del mercado».

De Iparraguirre sostiene que esta definición es altamente cuestionable desde lo legal, por lo que tanto Bronway como otras tabacaleras del país empezaron a presentar planteos de inconstitucionalidad contra el impuesto mínimo. Ahí surgió la segunda de las diferencias entre empresas del mismo rubro: las tabacaleras Sarandí y Espert, en Capital Federal; y Tabes, en Salta, obtuvieron medidas cautelares frente al pago del impuesto, pero la Justicia Federal de Santa Fe y Rosario no otorgaron dichas medidas. La desigualdad ya no era entre firmas nacionales y extranjeras; también pasó a darse entre aquellas que podrían identificarse como pares.

«Estamos hablando de una ley que viola la libertad de empresa, el derecho a trabajar, porque si yo quiero vender cigarrillos de bajo costo, una ley no puede decir: ‘No, vos tenés que vender cigarrillos como vende Massalin Particulares, que tuvo 100 años de publicidad y hoy la publicidad del cigarrillo está prohibida’. La Constitución fija en su artículo 14 la libertad de trabajo, de ejercer la industria lícita, y esta es una industria lícita», resaltó el abogado.

El trato desigual no terminó ahí. De Iparraguirre sostuvo que la AFIP, a través de una resolución, anuló la posibilidad que planteaba al ley de «autodeterminar el impuesto».

«Viene una resolución de un organismo recaudador y dice ‘no, no, vos no autodeterminás más el impuesto, te lo voy a fijar yo. El impuesto mínimo, si vos vendiste, es tanto. Esta es la declaración jurada: ¿vos vendiste 100 atados? este es el impuesto que tenés que pagar, mientras que las otras, las multinacionales, las que venden por sobre ese impuesto mínimo tienen la autodeterminación’. Otra diferenciación tremenda», rechazó.

Es en esa instancia que aparece el conflicto con la entrega de las estampillas necesarias para la comercialización: «También recurrimos esa resolución porque, si no presentamos las declaraciones juradas en esas condiciones, no nos entregan los instrumentos fiscales de control, las estampillas, con lo cual tenemos que cerrar, parar la producción y cerrar la empresa. Es decir, una resolución nos dejaba sin juicio y sin empresa, era la ejecución anticipada de un juicio, absolutamente inconstitucional».

UNA SOLUCIÓN

En los últimos días de diciembre la Cámara Federal había otorgado la cautelar planteada por la tabacalera durante tres meses, pero luego se estableció una elevadísima contracautela que -según de Iparraguire- ascendía a los 2.000 millones de pesos.

Trabajadores de la tabacalera Bronway venían realizando protestas ante las oficinas de AFIP, en Salta y Alvear, y frente a los Tribunales Federales de Entre Ríos al 400 para que la Justicia garantice la continuidad de sus puestos laborales.

«A Tabacalera Sarandí, que factura cuatro veces más que Bronway, le fijan una contracautela, cuando le otorgaron la medida cautelar, de 10 millones de pesos. Creíamos que a nosotros nos iban a fijar eso también, pero nos fijaron 2.000 millones de pesos. Era de cumplimiento imposible», advirtió el abogado.

Ahora, en las últimas horas, lograron un fallo favorable que redujo esos números estratosféricos a un 4% del monto que inicialmente les habían fijado. «La Cámara disminuyó sustancialmente y puso las cosas medianamente en su lugar. Así que Bronway puede retornar la actividad», celebró el letrado, que a la vez destacó la importancia de haber reclamado en unidad y con constancia con los trabajadores, que se movilizaron en defensa de los puestos laborales», detalló.

Los empleados de la firma que fabrica cigarrillos económicos como los Pier y los Dolchester exigían desde hace meses que el Poder Judicial resuelva una medida cautelar que les permita funcionar de manera normal.

Son 200 los trabajadores afectados de manera directa por el conflicto, mientras más de 3.500 también serían perjudicados de manera indirecta, ya que Pier y Dolchester se distribuyen a todo el país.