El Gobierno nacional elimina políticas públicas para sobrevivientes de delito de trata

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En este capítulo, Gisela Gentile y Alejandro Maidana recibieron la visita de Nicolás Del Mastro para conocer los detalles de una decisión política deshumanizada que opera claramente a favor de las mafias. A través del decreto 1048/2024, el gobierno de Javier Milei eliminó una de las pocas políticas públicas de restitución de derechos para sobrevivientes del delito de trata que quedaban en pie.

El fondo estaba contemplado en general en la ley 26.364 sancionada bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, fue específicamente creado por ley 27.508 bajo la gestión de Mauricio Macri y puesto en funcionamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Además, representaba una reivindicación a una de las demandas históricas de las organizaciones antitrata que reparó a 498 personas por un total de $562.273494,93.

Hoy y gracias a las facultades que la llamada “Ley Bases” otorga al gobierno nacional, se decidió la eliminación de cinco fondos fiduciarios, entre ellos el técnicamente denominado Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata. “Un mecanismo por medio del cual se reparaba económicamente a las víctimas sobrevivientes de trata con sentencia judicial firme. De esta forma, y a través de dos escuetos renglones, se pretende poner punto final a una política pública de Estado que llevó años construir”, sostuvieron desde La Alameda.

El instrumento cumplía con el objetivo de reparar de forma directa a la víctima, pero también simbólicamente a toda la sociedad, puesto que al detectarse bienes que hubiesen sido instrumentos del delito en causas de trata y explotación, estos eran liquidados a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y, con el producido de su venta, se indemnizaba a las personas víctimas de trata.

También se contemplaba la posibilidad de mantener los bienes para evitar que perdieran su valor durante la tramitación del juicio, algo que en nuestro país puede demorar 8 o 10 años, de esta forma se evitaba que el bien se depreciara, por ejemplo, alquilando un local o un departamento o cediendo en comodato para su uso temporario, para poder liquidarlo una vez obtenida la sentencia firme e individualizada la o las víctimas.

Los argumentos del gobierno nacional para justificar la eliminación, hacen referencia a una supuesta auditoría que habría arrojado “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva. Esta es la excusa que esgrimieron, una verdadera falacia sumamente alejada de la realidad”, indicó Nicolás Del Mastro.

En el caso del fondo para asistir a víctimas de trata, la falta de control era casi imposible, toda vez que además de la AABE, intervenía la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y el Consejo Federal de Trata: las reparaciones eran autorizadas e informadas frente a representantes de todas las provincias  y la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio Público Fiscal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Poder legislativo, Defensoría del Pueblo de la Nación y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil a través de una comisión creada con el objetivo de seguir y monitorear su funcionamiento.

“En definitiva, el Fondo de Asistencia Directa para Víctimas de Trata, constituía una política de Estado más allá de los gobiernos de turno y, como en muchas otras materias, había convertido a nuestro país en referencia tanto que, al menos durante el año pasado, se recibió la visita de una delegación de Honduras y de la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para aprender sobre la exitosa experiencia que, desde ya, no estaba exenta de cuestiones a mejorar y perfeccionar”, concluyeron desde La Alameda.