Piden informe sobre las infracciones a la Ley de Agrotóxicos cometidos en estos últimos cinco años en Santa Fe
Los efectos nocivos por los agroquímicos, el cuidado de los ecosistemas y del mundo de la fauna y la flora es un tema de que evidentemente sigue sin resolverse y que preocupa a vastos sectores políticos y sociales. El tema está en quien transgrede y qué control ejerce el gobierno provincial actual.
En la legislatura santafesina ingresó un pedido de informe presentado por el diputado Carlos Del Frade solicitando al ejecutivo provincial conocer cuántas infracciones se cometieron en los últimos años a la Ley Nº 11.273 de Fitosanitarios del año 1995. Además, se especifique “quiénes son los responsables de aplicar los alcances de esa norma”.
Del Frade reclama se responda sobre: Cantidad de expedientes por infracción a la ley 11.273 -iniciados en los últimos 5 años-; Artículos de la citada ley que no fueron respetados; Departamento y localidad de la provincia a los que corresponden; Estado en el que se encuentra cada caso. Personas encargadas de controlar el cumplimiento de la ley de fitosanitarios. En ese marco, señaló en tono de queja que la ley de fitosanitarios “tiene una aplicación irregular en el territorio provincial”.
El legislador del Frente Amplio por la Soberanía argumentó que en Argentina se aplican alrededor de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. “Un porcentaje muy alto de todo ese volumen, se esparce en nuestra provincia, pulverizando diversos cultivos como, soja, maíz, trigo, algodón, etc., como así también las producciones en los cinturones frutihortícolas”.
En ese aspecto: “Son conocidos los múltiples impactos que ocasionan estos venenos en la salud de la población y en los territorios, contaminando aire, suelos, aguas y alimentos”, sostuvo el diputado. Agregó que “vecinos de innumerables pueblos y ciudades (desde hace años) padecen el atropello del modelo de producción impuesto y profundizado desde hace casi tres décadas. Se multiplican las denuncias por fumigaciones en las cercanías de los cascos urbanos y escuelas rurales”.
En ese contexto, del Frade entiende que el pueblo santafesino “tiene derecho a conocer, si quienes les arruinan la vida perciben algún tipo de sanción”. Asimismo, saber sobre los mecanismos que lleva adelante el gobierno para “garantizar una eficiente supervisión, y quiénes son las personas encargadas de dicha tarea”, requirió el diputado del Frente Amplio por la Soberanía
Por último, indicó que el estado santafesino “tiene la obligación de controlar, hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes las violen.
