Claudina dialogó con la prensa tras enterarse de la noticia del femicidio de su hija y exigió que se haga justicia. “Se tiene que marcar un precedente, esto no puede seguir pasando en San Lorenzo ni en el país”, remarcó.
El caso salió a la luz hace dos años, cuando Miriam C., que hizo reemplazos en la empresa desde 2010, se presentó para cubrir un cargo de abogada asesora, pero se comprobó que no tenía título habilitante. Tras iniciársele un sumario administrativo, a fines de junio se resolvió su desvinculación de la EPE.
La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal en Comodoro Py y, amparándose en declaraciones que diputados nacionales hicieron en medios de comunicación, solicitó que la Justicia investigue al oficialismo por realizar una “reunión secreta” en Recoleta donde habría modificado puntos del dictamen de mayoría de la “Ley de Bases” que minutos antes había sido aprobado en el plenario de comisiones.
La desvinculación de una abogada y de una médica afectadas al servicio produjo que desde ATE Rosario se exigiera la reincorporación de ambas. Denunciaron el incumplimiento de la ley por la profundización de la precarización laboral.
La abogada jujeña explicó a los miembros de la Comisión que presentó un escrito para constituirse como querella «ante la Justicia Federal, estamos esperando que se nos dé la intervención,y esté a la altura teniendo en cuenta que en la provincia no hay justicia”,
