Emanuel Quinteros tenía 28 años y había llegado desde Mendoza subcontratado, sufrió presiones y amenazas para continuar con actividad pese a las nulas condiciones de seguridad que garantizasen la vida. A la ilegalidad de la megaobra, se le agregó una nueva página oscura, un derrotero anclado en la impunidad y la complicidad de distintos sectores.
Distintas organizaciones y vecinos elevaron una denuncia pública y administrativa. Denuncian que se violaron todas las leyes de participación ciudadana y de acceso a la información. “Hacemos esta denuncia de forma pública y en la justicia, y en variados organismos públicos, y seguimos convocando a la gente de Punilla a unirnos en la defensa de la vida y de los derechos de las generaciones actuales y futuras”, informaron las distintas asambleas a través de un comunicado.
Continua la resistencia de vecinos y distintas organizaciones que se oponen al avance de una obra que generará un profundo impacto socioambiental. “Ante la violación de nuestros derechos a la información y verdadera participación ciudadana, nos oponemos rotundamente a la licitación”, sostuvieron.
Los habitantes del Valle de Punilla resisten lo que sería un verdadero ecocidio. La autovía contaría con cuatro carriles y se extendería a lo largo de 45 kilómetros desde el dique San Roque hasta La Cumbre. Conclusión dialogó con el investigador del CONICET Fernando Barri.
