El Concejo Municipal aprobó en la sesión del pasado jueves un pedido al intendente para que convoque a una reunión de la comisión de seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). A pesar de que hay una ordenanza que establece que los encuentros de este cuerpo deben realizarse cada dos meses, la última vez que se vieron las caras fue en marzo.
En ese marco, los legisladores ratificaron los tres objetivos que impulsan las acciones del equipo de trabajo: defender los puestos de trabajo; evitar que la empresa termine en manos extranjeras; y saber dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan y se adeudan al Banco Nación y el resto de los acreedores.
A los responsables de la firma se los acusa de haber presentado facturas apócrifas entre 2016 y 2018, que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA.
En el encuentro el fiscal de delitos económicos, Sebastián Narvaja, dio detalles del avance de la investigación. Al respecto, el diputado Luis Rubeo consideró que “si no fuera por las medidas que la justicia ha permitido, hoy los directivos de Vicentin tendrían que estar presos”.
Tras una nueva reunión de la comisión, los diputados reclamaron el involucramiento inmediato del Estado nacional y provincial y remarcaron que siempre han planteado «la necesidad de una salida política».
