El informe fue elaborado a partir de un trabajo de campo que contó con veedores apostados en Santa Fe y Laprida, un punto estratégico de la ciudad por el que pasan unas 20 líneas del Transporte Urbano de Pasajeros.
Se realizaron requisas sorpresivas y aleatorias y se implementaron scanners que detectan el ingreso de objetos prohibidos a las penitenciarías.
En seis meses agentes de Seguridad Vial de la provincia multaron a 233.984 conductores que superaron el límite de velocidad. Las actuaciones tuvieron un promedio de 1.300 multas diarias y uno de los datos inquietantes, fue de un vehículo que circulaba a 203 Km/h, en una zona donde el máximo permitido era de 60.
La Secretaría de Control municipal de Rosario realizó casi 1.200 controles desde el jueves a la noche y sólo se detectó menos de un 2% de conductores que habían bebido alcohol. El bar clausurado no contaba con habilitación municipal.
El Gobierno de Alberto Fernández había lanzado una licitación para que se realicen los trabajos, pero no se concretaron por la intervención del juez Ariel Lijo.
