Se trata de tres mujeres y un hombre que formaban una organización en la cual recolectaban información de defunciones y gestionaban los créditos. La denuncia fue hecha por el Banco Macro. Se estima que el perjuicio económico causado superó los 40 millones de pesos.
La suma recibida comprenderá de una inyección de US$2.400 millones para el sector público, que se completará este año, y de una erogación de US$1.400 millones, durante los siguientes dos años, para diversos proyectos privados que se desarrollarán en el país.
El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández, llamó a «no caer en la trampa» que proponen grandes empresas y funcionarios que pretenden debilitar la capacidad de defensa del mercado interno.
El importe máximo ascendió a $750.000 y está destinado a contribuir con los gastos de nuevos contratos de alquiler. Ya se otorgaron créditos por más de $25millones en beneficio de 265 personas.
El mandatario sostuvo que esta acción no traería complicación alguna porque «Santa Fe es la provincia menos endeudada de la Argentina» y requiere de fondos para desarrollar trabajos de infraestructura.
