Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky argumentaron que las querellas «no han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por la Corte Suprema».
El ex presidente y otra decena de funcionarios, entre ellos los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, habían sido procesados por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, pero esa decisión fue revertida el año pasado por la Cámara Federal porteña.
El juez Jorge Patrizi falló y argumento que la investigación seguirá su curso en los tribunales santafesinos dado que, aunque se haya violado una ley nacional, la seguridad de la Nación “no se vio afectada” y “solo afectaron al ámbito de la provincia”.
El juez Martín Torres determinó medidas cautelares alternativas entre ellas, la obligación de fijar domicilio y pagar una caución y la prohibición de salir del país y portar armas. El exministro de Seguridad está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
El exministro de Seguridad es considerado jefe de la supuesta organización, a la cual también habrían pertenecido Germán Montenegro y Agustina Moulins, también acusados. En la segunda parte de la audiencia se espera lo propio para Nadia Schujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez y Milagros Bernard.
