“Pedimos que se establezca que 30 días es un período de tiempo razonable después de la emisión de la sentencia para iniciar los procedimientos de embargo. Argentina no tiene intención de pagar el fallo”, expresaron los abogados del fondo buitre Burford en un documento enviado a la jueza estadounidense Loretta Preska.
La sanción de la ley permitirá generar una base de datos unificada y dinámica de quienes incumplan fallos judiciales constituyéndose como deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional.
Además de cuestionar duramente las decisiones judiciales que el máximo tribunal tomó para con los trabajadores, el abogado laboralista aseguró que “hay un fenómeno que para el peronismo es bastante insoportable y tiene que ver con la distribución del ingreso, porque hoy en día hay trabajadores que con sus sueldos no llegan a fin de mes”.
En los últimos años, diferentes fallos el Poder Judicial -en sus diferentes estamentos- favorecieron a grandes empresas en detrimento de derechos laborales, del consumidor o de la economía nacional.
El abogado constitucionalista y exjuez Federal, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, advierte sobre el peligro que entraña que la Justicia aplique «interpretaciones erradas sobre la materia de cooperativismo donde los trabajadores no son empleados sino dueños».
