El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
«En las presentes actuaciones, el recurrente no acredita ninguna circunstancia apremiante que importe un riesgo actual o inminente en su cobertura médica, en tanto sus agravios sólo refieren a situaciones hipotéticas y conjeturales carentes de respaldo documental», sostuvieron los jueces.
Con las firmas de los camaristas María González y Alejandro Subera, la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aceptó habilitar la feria, considerando que “frente a las particularidades del caso” la causa debe tramitar el pedido de suspensión por inconstitucionalidad.
En el documento, que lleva la firma de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Eliana Beatriz Ratta Rivas, la magistrada expresa que «de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria».
El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien permanece trabajando durante la primera quincena del receso veraniego, indicó que no se hallaban reunidos los requisitos para considerar que los planteos son de los que «no admiten demora».
