La normativa sancionada por el Presidente suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras», y establece que «la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada».
En 2017 el Gobierno nacional prorrogó la Ley 26.160 que suspende desalojos en tierras habitadas por comunidades indígena hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.
Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales indicaron que está evaluando la “entrega de módulos” o que puedan «cobrar el monto de la tarjeta junto con la Asignación Universal por Hijo».
Fue sancionada en el 2006 y suspende el desalojo de las tierras habitadas por pueblos originarios. Su vigencia vence a fines de noviembre y de no renovarse, «1.500 comunidades correrían riesgo de desalojo».
