La normativa sancionada por el Presidente suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras», y establece que «la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada».
Legisladores nacionales del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se reunieron en el salón Delia Parodi del Congreso con representantes de pueblos y naciones originarias, comprometiéndose en el avance del tratamiento de la extensión de la Ley 26.160.
Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales indicaron que está evaluando la “entrega de módulos” o que puedan «cobrar el monto de la tarjeta junto con la Asignación Universal por Hijo».
Este miércoles funcionarios locales se reunieron con representantes del INAI para llevar adelante acciones de remodelación de viviendas, urbanización y desarrollo social.
