A raíz de un conflicto entre bandas en la zona noroeste rosarina, los referentes de las asociaciones civiles del lugar, le piden al municipio y a la Provincia, más apoyo para poder sostener el trabajo que vienen haciendo hace más de cuatro años.
Luego de una audiencia en Tribunales, las partes desestimaron cualquier posible desalojo y acordaron un censo de vecinos. Se priorizó el derecho a la vivienda y se evaluará la urbanización del barrio.
Se llevará a cabo hoy para tratar de destrabar el conflicto. Estarán presentes los vecinos acompañados por la Concejalía Popular, y se espera que los propietarios del predio presenten una propuesta.
