La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas le pidió al Ejecutivo que «revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos». Estos cambios buscan proteger datos privados de los funcionarios y limitar el acceso a la información pública.
Este jueves se aprobó por unanimidad el proyecto del legislador provincial, Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista, siendo la séptima vez que pasa esta instancia. Quedará la definición en manos del Senado.
La ley obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas, partidos políticos, universidades y gremios que reciban aportes públicos, a responder las solicitudes de información que eleve cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes.
Fue por unanimidad con 59 votos pero debido a una serie de cambios fue devuelto a la Cámara de Diputados. En la votación, el oficialismo se opuso a las modificaciones.
De esta manera los tres poderes del Estado y los organismos autárquicos estarán obligados a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera. La votación tuvo 229 votos a favor y 4 en contra.
