El pedido fue realizado en el marco de la causa que se sigue en Nueva York. Buscan probar que las distintas gestiones controlaron la petrolera y así acceder a los activos argentinos.
La jueza estadounidense Loretta Preska aceptó el pedido de Argentina de suspender el pago de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF hasta que se expida en el caso el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, pidió que a forma de garantía el país entregue activos de la petrolera nacional.
El fallo precisó que las actividades podrán suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe al ambiente y exigió a las autoridades un máximo nivel de control sobre las tareas que se realicen.
La petrolera nacional llegó a un acuerdo con la firma Maxus, por lo que abonará una cifra total de US$ 575 millones, un 2% del monto reclamado originalmente.
El secretario general del gremio, Claudio Vidal, dijo que después de haber comprado “un importante número de acciones” de la petrolera estatal “los trabajadores podrán tener voz y voto” ya que accederán “a información certera y precisa con la cual poder evaluar los resultados”.
