La medida quedó oficializada a través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos.
Los sectores alcanzados por las intimaciones son el inmobiliario, servicios jurídicos, enseñanza privada, minas y canteras y servicios petroleros, entre otros.
El organismo oficial relevó unos 250 trabajadores que en su mayoría no estaban registrados o tenían sus ingresos subdeclarados. Fueron regularizadas las situaciones del 80 % de los casos.
El senador nacional Daniel Lovera dijo a Conclusión que “esta ley quita derechos a los trabajadores así como está”, mientras que su par, Alfredo Luenzo, manifestó que no le gusta cómo está el proyecto.
