Aprovechándose de personas mayores o fallecidas sin herederos, la banda se quedaba con propiedades y dinero por un total que ronda los mil millones de pesos. La primera alerta surgió en 2016.
Hubo casos en que las familias llevaban más de tres décadas viviendo en sus casas pero, que en términos legales, no tenían posesión de las mismas pese a haber habitado en ellas varias generaciones. Algunas no podían pedir la conexión de la luz al no contar con los papeles.
