Apenas fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 11 de enero, la oposición adelantó su rechazo a la iniciativa, al entender que al modificar más de 100 leyes el Poder Ejecutivo se arroga facultades que son inherentes al Legislativo, alterándose la división de poderes.
Según testigos de la fiscalía nunca lo vieron trabajar con computadoras. Además, se encontraron CD con escuchas en su departamento y hay dudas sobre sus declaraciones.
El detenido, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo fue llevado hacia la Unidad Fiscal a cargo de Alejandra Rodríguez para declarar por la portación de arma de fuego con permiso vencido.
La solicitud, realizada por la Unidad fiscal, no es sólo para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino también para todas las áreas del Ejecutivo. También el oficio llegó a las presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados.
Se Trata de Gerardo Larrambebere, juez del Tribunal Oral Federal N° 3. La misma decisión tomó días atrás su colega Miguel Pons, ambos habían denunciado un «complot para encubrir» el atentado.
