Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en conjunto con el CELS y con el patrocinio de Juan Grabois en su calidad de abogado.
«Seguimos en alerta, exigiendo que el Gobierno no solo reparta los alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, sino también los otros, y que se comprometa con transparencia e idoneidad públicas, de modo fehaciente y eficaz, destinando políticas y recursos a la emergencia alimentaria por él mismo causada», remarcaron
Referentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se reunieron con el arzobispo de Rosario, quienes expresaron su preocupación ante la falta de entrega de alimentos por parte del gobierno nacional y del impacto social en los barrios más humildes.
