Analizan constitucionalidad del Protocolo de Seguridad
La medida se aplicó a los trabajadores de la Uom, Uocra y Uecara de Atucha, durante el reclamo que protagonizaron en el acceso al punte Zárate Brazo Largo el mes pasado por el cierre de las obras del complejo nuclear.
El juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli le solicitó al Ejecutivo un informe sobre la aplicación de la normativa que contiene instrucciones de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, conocido en el ámbito gremial como «protocolo anti-piquete».
El magistrado tomó esa medida ante la acción de amparo que generó un “habeas corpus colectivo” presentado por la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional (Correpi) y otras entidades tras la entrada en vigencia del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, el 17 de febrero último.
El Poder Ejecutivo Nacional aún no fue notificado, pero cuando el Ministerio de Seguridad reciba el oficio con la orden del Juzgado dispondrá de cinco días para producir un informe con los fundamentos y antecedentes del protocolo y ofrecer la prueba de la que quiera valerse.
La causa había comenzado como un “habeas corpus”, pero la justicia de instrucción criminal la transformó en un “amparo” y, luego de un sorteo y previa opinión fiscal, quedó radicada ante Marinelli. Según la demanda, el protocolo viola principios constitucionales como “el derecho de huelga, de expresión, de reunión, de informar y de ser informado, además de amenazar la libertad, la integridad física y la vida de cualquier persona que tenga la necesidad de manifestarse públicamente por una protesta o la reivindicación de un derecho”.
El protocolo prevé que, en caso de protestas con corte de rutas o calles, las fuerzas de seguridad deberán garantizar la libre circulación del tránsito y ante la negativa de hacer cesar la protesta, “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”.
Una semana después de la aprobación del protocolo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una protesta en Corrientes y Callao, con corte del tránsito vehicular en esas avenidas del centro porteño, pero el protocolo no se aplicó.