¡Con los jubilados no!: Ctera lanzó una paro de 48 horas con movilización para reclamar contra las reformas jubilatorias
Los trabajadores de la educación llevarán adelante una huelga el 11 y 12 de septiembre próximos, marcharán al Congreso este miércoles y realizarán diferentes acciones en rechazo de las reformas previsionales que se discuten en las provincias, contra la represión de la protesta social y por que se reestablezcan el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el presupuesto educativo.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lanzaron, bajo la consigna «¡Con los jubilados no!» un paro nacional los próximos miércoles 11 y jueves 12 de septiembre en el marco de una jornada nacional de lucha para exigir, entre otros reclamos, que los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos desistan de las reformas jubilatorias en tratamiento y la restitución tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Presupuesto Educativo nacional.
Los educadores anunciaron una huelga de 48 horas con movilización para éste miércoles frente al Congreso Nacional y diversas acciones en todas las provincias «en defensa de nuestros derechos jubilatorios». Las actividades de protesta suman un mojón más a la creciente actividad de confrontación directa entre los trabajadores de la educación de todo el país, los cuales se encuentran en una frágil situación tras los recortes presupuestarios realizados por el gobierno de Javier Milei y el tambaleante escenario salarial de los docentes en gran parte de las provincias argentinas.
La central gremial que nuclea a la enorme mayoría de los maestros, educadores y docentes de diferentes niveles de todo el territorio nacional marchará hacia la legislatura en reproche de las reformas jubilatorias tanto en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro (UCR) como por Rogelio Frigerio (PRO) donde despertaron señalamientos de parte de todos los trabajadores estatales.
Otro de los reclamos tiene que ver con la restitución del Fonid, el cual era tradicionalmente renovado por decreto por el presidente de la Nación desde comienzos de siglo, representando hasta un 10% del salario bruto de un docente de jornada simple; y del presupuesto educativo. Además, la movilización exige la resolución de los conflictos provinciales, la eliminación de los presentismos a los trabajadores de la educación y que se detengan los frecuentes eventos de represión a la protesta social en Argentina.