«El derecho del trabajo no crea ni destruye empleo, eso lo hace la política económica»

Por Aldo Battisacco

Todo comenzó con una iniciativa que llevaron adelante los principales referentes de la centrales sindicales nacionales cuando los efectos de las medidas económicas se hicieron sentir en el campo de la producción y el empleo. Luego de asistir al Parlamento y entablar un diálogo con las distintas bancadas el proyecto para evitar despidos fue presentado y tratado en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación que aprobó con dictamen de mayoría una serie de proyectos de leyes que declaran la emergencia laboral en todo el ámbito de la República Argentina, para ser aprobado en el recinto de la cámara Baja, una vez aprobado, se desató con más virulencia la polémica alrededor de una norma que persigue tutelar el derecho de los trabajadores.

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con dictamen de mayoría una serie de proyectos de leyes que declaran la emergencia laboral en todo el ámbito de la República Argentina,

El proyecto que ahora avanza en el Senado ya tiene dictamen de la Comisión de Trabajo y propone prohibir por 180 días los despidos en el sector público nacional y en el sector privado.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dialogó con Conclusión y fue categórico al afirmar que «el derecho del trabajo no crea ni destruye el empleo, si lo hace la política económica» y que en caso que Mauricio Macri vete el proyecto de ley habrá una respuesta certera por parte del bloque que comanda.

Recalde, quien es abogado laboralista y ex presidente de la Comisión de legislación del Trabajo, dijo que existe un desconocimiento de la ley porque «no es cierto que impide crear empleo porque no rige para el futuro», y además «no se implementó en crisis».

El legislador, comparó las diferencias existentes entre la norma sancionada en 2002 con esta nueva que se propone para que sea aprobada por el senado de la Nación, y señaló que desde la aplicación de la la ley  en 2002 todas las estadísticas muestran que el empleo fue creciendo» y fue positiva»  para «mantener y crear empleo».

En orden al despido sin justa causa – el parlamentario- especificó que «esta prohibido por el proyecto de ley que ya tiene dictámen por la comisión de legislación del Trabajo de la Cámara de diputados de la Nación, ya que si existieran despidos sin justa causa tiene un trámite y si fuera por situaciones de carácter económico se tiene que apelar al procedimiento preventivo de crisis, que utilizan ordinariamente las empresas para demostrar su condición de quebranto o dificultad económica».

Consultado por Conclusión si advierte cierto grado de ignorancia o malicia en los argumentos esgrimidos por el presidente Macri, Recalde precisó que «se recurre a un discurso político porque hay algunas afirmaciones que no tienen que ver con la realidad, por ejemplo decir que esta ley destruirá empleo. Cuando se trata de todo lo contrario porque busca mantener el empleo existente» y seguidamente puntualizó los efectos de la norma en lo inmediato delimitando que «hay que tener en cuenta que no rige para los nuevo empleos como lo indica la experiencia de la ley de 2002».

El presidente de la bancada del FpV, fue categórico al afirmar que en materia de empleo y sobre las normativas que lo comprenden: «El derecho del trabajo no crea ni destruye el empleo quien si lo hace es la política económica. Esto es como decía Clinton, es la economía».

El diputado prestó a este medio un ligero pantallazo de lo que aconteció en 2002 y estableció que la «principal reforma económica del gobierno al inicio de los años 90, inspirada y apoyada por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), estableció un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar estadounidense, que fue acompañado por un proceso de apertura comercial y privatizaciones de empresas estatales».

Seguidamente, el abogado laboralista expresó que como consecuencia de esas medida «durante esa década se produjo un aumento sostenido de la tasa de desempleo, que se triplicó pasando de representar 6,3%en 1992 a 18,3% en 2001, y superando el 21% en la eclosión de la crisis económica», para luego indicar que «al final de la década una de cada dos personas en condiciones de trabajar, experimentaba dificultades en la obtención de empleo».

De allí que la denominación de la Ley 45 de diciembre de 2002, sea «Medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad», que una vez en vigencia «el desempleo fue bajando desde ese momento con una desocupación de 22%, hasta que en 2007 cuando deja de regir estaba a al 8.8 % como lo destaca la pagina del ministerio de Trabajo de la Nación», expresó Recalde.

Según el legislador, los empleos que se crean «a partir del primer día de marzo de este año, no serán los que estarán contemplados por la normativa aprobada en diputados y que debe ser tratada en el Senado para que tenga efectos jurídicos».

Este protagonismo del Parlamento, se da de cara con lo expresado por el Ejecutivo nacional, que salió al cruce de la iniciativa del movimiento obrero que aprobó diputados, por lo que el laboralista lamentó que Macri dijera que «era una actitud arbitraria del Parlamento. Hay que respetar la separación de poderes, ya que os legisladores representan la soberanía política, por ser electos por medio del voto popular».

En el mismo sentido, definió cual sería el remedio institucional en caso que Macri por medio del veto de por tierra con el proyecto una vez aprobado: «El veto es una posibilidad que la da la Constitución, frente a este derecho se lazan dos opciones: la voluntad parlamentaria, si se consiguen los dos tercios, que acaban con la voluntad del presidente», y por otro lado apelar a la denuncia por «abuso de derecho, en materia judicial invocando jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la declaración de inconstitucionalidad de un veto» describió.

Acerca de la posición propiciada por el PRO de esperar  refutó el argumento del Pro de que hay que esperar a que la desocupación llegue a dos dígitos para aplicar una norma, sentenció que «el desempleo no admite dilaciones. Cuando hay cesantías masivas no se trata de discutir y hablar, hay que reaccionar. extender los plazos para generar sufrimiento no soluciona nada», arremetió.

Respecto de las objeciones interpuestas por distintas cámaras patronales que nuclean a los sectores vinculados con la producción y el comercio que refirieron que esta ley era inoportuna en términos laborales porque potencialmente impulsaría la industria del juicio, el legislador expresó que «si no se despide a los trabajadores no habrá juicios. La industria del juicio la promueven los que violan la ley», y justificó la iniciativa describiendo «la pérdida del poder adquisitivo por pérdida del empleo» y el perjuicio que ocasiona a las pymes.

«Los industriales del juicio son aquellos que transgreden la norma, en beneficio propio, puesto que quien cumple con la ley no tiene porque temer una ola de juicios. La ley es el único requisito a respetar para evitar acciones con consecuencias jurídicas», abundó Recalde.

Preguntado si la legislación laboral actual, alcanza para abordar situaciones planteadas más allá, de la puntualidad que remite este nuevo proyecto, el legislador dijo que lo «que se prohíbe es el despido sin causa justificada, en el cual no se invoca una razón, y en caso que así sea, se tendrá que celebrar una audiencia ante la autoridad de aplicación para justificar por qué lo despiden».

«Especificamente – remite Recalde- si es un despido económico existen los procesos preventivos de crisis, en el que la empresa dará la información que le requiera el ministerio de Trabajo, se analizarán los balance y si tiene rentabilidad o no», añadió.

Para el abogado laboralista, esta garantizada la mayoría y la ley será aprobada. Y dijo que hay que informar porque la economía no impacta por igual «Si es una pyme, no tiene información para salir de la crisis, y las crisis empiezan con los tarifazos. Las pymes no tienen por qué quedar afuera de esto, para eso están los Repro».

Finalmente para Héctor Recalde «el empleo es un derecho humano» y no descartó la instrumentación de mediadas complementarias que protejan el empleo como la utilización de» los Repro, búsqueda de nuevos mercados, degravaciones impositivas», concluyó el jefe del bloque del FpV.

Copia del Proyecto aprobado en la cámara Baja: