El lado oscuro de las aplicaciones de servicios

por Florencia Vizzi

Este martes, un joven mensajero de la empresa Rappi sufrió un accidente en pleno centro rosarino. Un taxi atropelló la bicicleta en la que se desplazaba el muchacho ocasionándole algunas lesiones leves en la pierna izquierda. Si bien en esta ocasión la víctima no sufrió heridas de mucha gravedad, el incidente volvió  a poner en eje la discusión sobre precarización laboral a la que son sometidos quienes prestan servicios para estas aplicaciones de servicios.

Las APP (aplicaciones) de reparto y pedidos han tenido una rápida inserción y exitosa aceptación en el mercado. La idea parece no tener contras: un usuario de cualquiera de estas apps la descarga en forma gratuita y desde su celular, en pocos minutos, puede pedir cualquier cosa, desde comida hasta cigarrillos. Y rápidamente, el pedido está en manos de quien lo solicitó. En general, el tiempo de espera es mucho menor que cuando se recurre al delivery tradicional.

Pero pocas veces se habla del lado oscuro de este tipo de aplicaciones: la más absoluta precarización laboral frente a las narices del Estado, Estado que no sólo lo avala, sino que muchas veces cae con el peso de la ley sobre los trabajadores que cargan los pedidos en sus espaldas.

CÓMO FUNCIONA

El funcionamiento es similar en cada una de las empresas. Se trata de un sistema de intermediación a través de una aplicación digital, que funciona de mediador entre el comercio y el comprador. Es decir, supongamos que vamos a pedir pizza para la cena, y el pedido se hace a través de Rappi. El pedido, en lugar de ser enviado a la pizzería es enviado, a través de la aplicación, a un repartidor. Éste es quien se encarga de ir al comercio, comprar la pizza, pagarla y llevarla al domicilio del usuario.

La novedad en este caso es la optimización del servicio y el control  sobre el mismo. Algunas de las aplicaciones hasta brindan la posibilidad de seguir el recorrido del cadete desde el teléfono móvil. Por otro lado, para la empresa titular de la app es todo ganancia. En primer lugar recibe una comisión  de parte del comercio donde fue comprada la pizza, si es que tiene convenio. En segundo lugar, la falta de regulación y la figura del monotributo le permite evadir obligaciones laborales y tributarias, ya que las empresas alegan ser intermediarias entre los repartidores y los usuarios, y no como empresas de mensajería o delivery.

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Este sistema implica la más absoluta flexiblización laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras no tiene una jornada laboral determinada por horarios ni cantidad de horas, no perciben un salario fijo ni tienen acceso a ningún tipo de derecho laboral: ni aguinaldo, ni vacaciones, ni obra social ni seguro. Además, los mensajeros no gozan ningún tipo de cobertura por accidentes o enfermedades.

Además, sufren de una presión extra: si los repartidores tienen algún tipo de inconveniente con la entrega, demoras, llegadas tarde o pedido rechazado, la empresa puede bloquearlo por un período determinado o reducir el pago.

Por otra parte, el hecho de no tener horarios implica que pueden activarse cuando quieran y las horas que quieran, pero también que no pueden rechazar viajes. Si lo hacen, son pasibles de ser castigados y bloqueados por un determinado tiempo.

¡UN SINDICATO POR ALLÍ!

En diálogo con Conclusión, Juan Gómez, secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario señaló que, al menos en Rosario, los trabajadores que están sindicalizados, son los de Pedidos Ya, aunque aclaró que “no todos”. “Algunos siguen siendo monotributistas y sobre ellos el sindicato sigue reclamando”, señaló.

“Estar sindicalizado implica la cobertura médica, el seguro laboral y todos los derechos que le asisten a los trabajadores y trabajadoras”, recalcó Gómez. Y apuntó: “En cuanto a Rappi y Glovo, nosotros estamos exigiendo que sus empleados sean tratados de la misma forma, como personal que está en relación de dependencia, porque realizan la misma tarea que los compañeros de Pedidos Ya, con la misma metodología de trabajo pero están como trabajadores autónomos, o sea, como pequeños empresarios…Un gran fraude laboral”.

En ese sentido, el gremialista manifestó: “Nosotros ya hemos hecho las denuncias correspondientes en varias ocasiones al Ministerio de Trabajo, para la protección de los trabajadores en la calle y para que tengan todos los elementos correspondientes para prevenir los riesgos laborales. Y porque en estos casos, cuando se lastiman, eso corre por su cuenta y riesgo. Al figurar como autónomos, quedan librados a su suerte”.

Gomez remarcó que los trabajadores sindicalizados tienen su obra social y “en caso de sufrir un accidente o incidente en la calle, está cubierto por su ART” . “Quienes no tienen esta cobertura, van a tener que recurrir a su propio bolsillo para los medicamentos o estudios que necesiten, si tienen que tomarse días de reposo, no están cubiertos. Cuando a un trabajador sindicalizado le ocurre un accidente de este tipo, hay una ART que lo asiste, que le cubre los días mientras se recupera de las lesiones que tenga y tiene la cobertura médica necesaria para recuperarse”.

Otras de las situaciones que enfrentan trabajadores y trabajadoras en estas condiciones es que en muchas ocasiones son multados o sancionados por las autoridades urbanas por no cumplir con determinadas normas de seguridad. Pero la sanción recae sobre ellos y no sobre la empresa, que no reconoce ningún tipo de vínculo laboral con los repartidores. Es decir, precarización pura y dura, al mejor estilo neoliberal.