El Ministerio de Trabajo de España dio de alta como asalariados a 18.000 «riders»
En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de España dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa "es de naturaleza laboral".
El Ministerio de Trabajo de España avanza en el cumplimiento de sus promesas. La titular de la cartera laboral, Yolanda Díaz, intensificó las pedidos a las empresas de delivery para que den de alta en la Seguridad Social a los repartidores que estaban como autónomos, pero que -tal como lo determino la Justicia española- mantenían una clara relación laboral con la empresa.
A raíz del impulso gubernamental, los inspectores de Trabajo tuvieron orden de revisar miles de relaciones laborales a principios de octubre. Gracias a esto, ese mes fueron dados de alta unos 17.950 falsos autónomos, que ahora figuran como nuevos empleados de compañías de reparto como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Amazon.
Aún así, este número no conforma a las autoridades españolas, quienes apuntan a aumentar la cantidad de registrados en lo que queda del 2020. El propio presidente de España, Pedro Sánchez, se ha reunido en el último tiempo en varias oportunidades con sindicatos y plataformas de repartidores para lograr el compromiso de revisar todas las relaciones laborales y erradicar la figura del falso autónomo del tejido laboral del país.
Respaldo judicial
Las nuevas altas están amparadas por el Tribunal Supremo, un hecho clave para el gobierno español, que logró un espaldarazo judicial e institucional a sus intenciones de limitar estas prácticas empresariales.
En septiembre pasado, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró finalmente que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo es de carácter laboral.
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Según fue notificado, el Tribunal Supremo considera que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Al contrario, es una empresa que presta «servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para prestación de dicho servicio».
El fallo fue valorado a nivel internacional, ya que las empresas de plataforma trabajan con sus apps en distintos países del mundo, proliferando un modelo laboral ahora jaqueado por la definición de la Justicia española y el avance de la política sobre las prácticas empresariales que buscan recortar costos.
«El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que la relación existente entre un repartidor («rider») y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral», dictaminó la nota emitida por el TS.
La Audiencia Nacional de Madrid y la de Castilla y León también dieron su espaldarazo a los riders que denunciaron la situación laboral que mantenían con las empresas del sector de reparto.
Encabeza Glovo
Del total de 17.950 falsos autónomos que fueron dados de alta por el Ministerio de Trabajo, más de 11.000 pertenecen a la firma Glovo, la empresa que más litigios mantiene con los repartidores por su situación contractual.
Ante este escenario, la Inspección de Trabajo reclama a la compañía un monto de 16,2 millones de euro en concepto de cotizaciones impagadas. Glovo, por su parte, se niega a pagarlos hasta que no tener la exigencia de la Justicia.
El servicio de reparto de Amazon (Amazon Flex) ha sido otra de las grandes corporaciones que ha tenido que incluir en la lista de nóminas a 4.000 personas. Unos 2.116 son riders de Madrid y el resto de Barcelona. La empresa, según datos de UGT, debe 905.000 euros al fisco español.
Desde el Ministerio de Trabajo español aclaran que no esperan que las empresas paguen lo adeudado en una sola vez, sino que esperan que lo realicen de manera paulatina en diferentes fases.
Un largo camino
El gran número de falsos autónomos que se han regularizado puede ser motivo de celebración, pero aún faltan por investigar centenares de miles de casos
De acuerdo con la última información de la EPA (Encuesta de Población Activa) en España hay 400.000 autónomos independientes o en cooperativa y que dicen “no poder influir en su horario de trabajo”. O lo que es lo mismo, todos ellos son dependientes de que una empresa les imponga una entrada y una salida.
Además,166.000 personas que están bajo el régimen de autónomos afirman no poder decidir ni en el contenido ni en el orden de sus tareas.