El sindicato de petroquímicos elaboró una propuesta de creación de crédito fiscal a favor de los trabajadores

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) de San Lorenzo propuso la creación del crédito fiscal a favor de los trabajadores por el monto que aportan mensualmente en concepto de Impuesto a las Ganancias.

De esta manera, los empleados comprendidos en la iniciativa podrían adquirir bienes muebles de la industria nacional, como así también alimentos, vestimenta e insumos para la construcción.

Además, la propuesta expone que además podrían ser utilizados para el pago de servicios derivados del turismo nacional, de la educación y capacitación laboral y/o profesional, de las cuotas de fideicomisos de construcción u otros.

“El crédito fiscal podría tener una operatividad similar al Previaje o una billetera digital (uno carga facturas de gastos y se genera el crédito para gastar en actividad prestablecida y comercios adheridos)”, detallaron, y añadieron que “el crédito fiscal puede ser direccionado para que trabajadores beneficiarios adquieran bienes del sector construcción”, ya sean refacciones, ampliaciones, edificaciones o el acceso a tierras a través de loteos o fideicomisos al pozo.

La preferencia establecida por el sector de la construcción se debe a que consideran que es “altamente dinamizador y no insume dólares para su desarrollo”.

“La construcción se relaciona con más de 40 sectores e insume más de 150 productos distintos y emplea a sectores de baja calificación permitiéndoles ingresar al mercado laboral”, describieron.

A través de un comunicado, el gremio también señala que “la selectividad en la aplicación del crédito, permite que los recursos no se orienten a la compra de moneda extranjera, viajes al exterior, según los criterios que establezca el Gobierno”.

El plan proyectado por Soepu se basa en un diagnóstico que abarca según los ítems que se desarrollan a continuación:

• Pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales por el pago del IIGG sobre los salarios, acentuada por el contexto inflacionario de los últimos meses.
• Incentivo a la informalidad y a la evasión fiscal por la alta incidencia del IIGG que recae sobre los trabajadores.
• Desincentivo de la oferta de trabajo (horas extras) por el impacto del IIGG, lo que provoca un perjuicio en la actividad productiva de las empresas disminuyendo su competitividad y capacidad de crecimiento.
• Efecto fiscal negativo por la menor recaudación que se genera por los desincentivos.
• Injusticia Social: En 1993 pagaban el 30 % de IIGG los trabajadores que ganaban más de 120.000 dólares anuales neto de deducciones; en la actualidad, lo pagan quienes ganan 6.000 dólares anuales por encima del mínimo no imponible (280.792 pesos).
• Según el Gobierno nacional, en la actualidad existen exenciones fiscales varias que superan el 2,4 % del PBI, mientras que el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores representa menos del 1 % del PBI.
• 750 trabajadores de Soepu tributan por mes un promedio de 120.000 pesos cada uno, lo que contabilizan unos 90 millones de pesos en total.

Efectos

Desde la entidad sindical estimaron las derivaciones de la implementación de la iniciativa que se traducirían en resultados virtuosos.

Así, detallaron que se produciría una “mejora  directa del salario real para más de 1.200.000 trabajadores de todo el país, de diferentes sectores y se constituirían “incentivos concretos para incrementar la oferta de horas trabajadas y el blanqueo de haberes, con el respectivo efecto sobre la expansión de la actividad productiva y empresaria”.

Además, consideraron que el “efecto dinamizador para los sectores beneficiarios de la aplicación del crédito fiscal a favor de los trabajadores, por la orientación definida de su uso” y que el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores “representa aproximadamente el 2 % de la recaudación nacional total, pero se estima que el impacto fiscal de la propuesta sea positivo dado el efecto sobre el consumo, el incremento de horas trabajadas y la reducción de la informalidad”.

Finalmente, subrayaron que la medida pondría en vigencia “la justicia social por la eliminación de las distorsiones y la regresividad que genera un buen impuesto, pero que está mal aplicado.